La jueza deniega mantener las escuchas al principal investigado en el caso de Esther López

Así que, con esta última disposición, Soledad Ortega ordena «el cese inmediato de la intervención, observación, escucha y grabación de las comunicaciones realizadas a través del número de abonado desde el 24 de junio de 2022, así como de todos los datos asociados a la citada intervención o interceptación, mensajes de texto, contenido de las comunicaciones mantenidas vía fax o internet, IMSI, identificación del número de teléfono que llame o al que se llame» y también «la localización de repetidores que se activan con las llamadas, así como de la activación y desvío de los datos GPRS/UTMS y de cualquier circunstancia asociada a dicho número».

La magistrada se apoya en su decisión en el informe presentado previamente por el fiscal, quien también se ha mostrado desfavorable a que continúen las escuchas y el seguimiento telefónico al sospechoso, el último de los amigos en ver con vida a Esther López, según su propia declaración, a quien dejó en el cruce del camino de acceso a la urbanización El Romeral, donde la familia del investigado tiene un chalé.

Señala la magistrada en su auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que una vez transcurridos tres meses desde que se acordó interceptar las comunicaciones realizadas por el investigado desde el teléfono «no se ha desvelado ningún dato de interés que pueda afectar a la presente investigación ya que el citado sospecha, y así lo manifiesta, que sus comunicaciones se encuentran intervenidas». Así que Óscar S. se ha limitado a hablar «de los problemas que le está acarreando la causa en el negocio de la inmobiliaria, de las noticias que salen en la prensa sobre las diligencias que se están practicando, manteniendo su inocencia», o de «cualquier otra cuestión desvinculada de la causa».

La magistrada hace suya la argumentación del fiscal y señala que esta situación «es perfectamente conocida por los agentes que solicitan la prórroga, ya que las conclusiones a las que llegan es que el investigado no ha abordado los hechos». Y no solo eso, sino que Óscar S. incluso dio instrucciones «muy precisas» a las personas de su entorno más cercano para que eviten hablar de ellos y «está haciendo uso de aplicaciones de mensajería que están fuera del alcance de la interceptación telefónica». En definitiva, concluye la magistrada, «han decaído los motivos que inicialmente llevaron a conceder la intervención telefónica» y se acoge a lo dispuesto en el artículo 588 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre este tipo de medidas que implican un injerencia en el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. Por ello acuerda su «cese inmediato». Además, ha decidido levantar el secreto de esta pieza separada, que eran las últimas diligencias que quedaban bajo esa medida.

Fuentes jurídicas consultadas interpretan el hecho de que la UCO haya solicitado a la jueza mantener la medida de intervención telefónica en que, tras cinco meses de investigación, « por el momento no tienen nada sólido» que pueda incriminar al principal investigado y sentarle en el banquillo. Se apoyan también estas fuentes en que, de todos los informes conocidos hasta el momento que han sido realizados por la Guardia Civil a partir de las muestras biológicas y otros vestigios recogidas en todos los escenarios, así como de los rastreos de los teléfonos móviles y posicionamientos GPS, no se pueden extraer conclusiones sobre la autoría de la muerte violenta de Esther. Ni siquiera está claro dónde murió la joven, si en la cuneta donde su cuerpo fue encontrado o en otro lugar y la trasladaron allí después de estar oculta más de 20 días.