La multa inédita por 20 minutos de música 'a tope' en un monumento de Salamanca: cronología y claves

Si el expediente municipal llega hasta el final, y por ahora así está siendo, la celebración de la última nochevieja universitaria de Salamanca el pasado 12 de diciembre tendrá el dudoso honor de estrenar el casillero de multas por exceso de ruido en la Plaza Mayor, una cuestión sensible desde hace años que hasta ahora nunca se había sancionado. El motivo, las prevenciones para evitarlo, pero también la falta de un límite claro y una aplicación de las normas que incluye su suspensión para determinados eventos.

Sin embargo, esta vez un pico de más de 102 decibelios y varias mediciones por encima del límite fijado, incluyendo el margen que se había dado, van a costarle un expediente a la entidad organizadora, la Asociación de Hostelería, a pesar de que el episodio de música atronadora no se prolongó más allá de los 20 minutos y se procedió a bajarla cuando así se requirió.

Los hechos arrancan ya iniciada la actuación musical. Este medio publica que la Policía Local ha empezado a hacer mediciones de nivel de ruidos minutos después de producirse un desprendimiento en los soportales, pero las citadas mediciones nada tienen relación directa con el desprendimiento ni con posibles daños al monumento: los agentes están allí a comprobar el cumplimiento de lo pactado con la organización respecto al volumen de la música.

Conciertos y demás actividades están en el foco de quienes responsabilizan a estos eventos de perjudicar a la plaza, pero según fuentes técnicas la caída de parte de las bovedillas de un lugar de los soportales se debe a unas humedades. Las vibraciones de los espectáculos musicales están señaladas como causantes de daño al monumento, pero no existe un informe concluyente, lo que no ha impedido que este asunto se haya instalado de nuevo en el debate municipal y hace tiempo que se piden soluciones.

Según el informe policial de la actuación, los agentes llegaron en torno a las 21.00 horas a la plaza y «proceden a realizar una verificación de decibeliosemitidos en el espectáculo». Según explican desde el consistorio, para este evento se había establecido un límite de 90 decibelios, con un margen de 5 arriba, como tope para la parte musical del Fin de Año Universitario.

El límite era de 95 porque existe un decreto que es el que sirve como referencia para regular estas situaciones, pero no por una normativa. El ayuntamiento cuenta con una ordenanza de prevención de ruido y vibraciones que establece un límite de 90 decibelios para espectáculos en interior, pero no especifica nada en concreto para este tipo de eventos en exterior, aunque sí para ruidos de tráfico, obras...

Tampoco la ordenanza particular de uso de la Plaza Mayor contiene limitaciones de ruido, pero sí la de Convivencia, que es la que establece la prohibición de este tipo de molestias. No obstante, no existe una prohibición regulada en ordenanza municipal de convivencia.

Según el informe policial, la primera medición se hace a las 9.17 horas de la tarde, aunque el espectáculo musical previsto arrancó a las 20.00 horas y, según testigos presenciales, la música ya estaba muy alta a las 21.00 horas.

Según la Policía Local, la medición que se realiz arroja un pico de emisión de 102.8 dB y una media ponderada de 94.7 dB, realizando dicha medición a aproximadamente unos 50 metros del foco emisor. Están netamente por encima de lo establecido como límite. Es entonces cuando se avisa a los organizadores del evento.

Según el informe policial, se da cuenta de la situación a los responsables del evento, para su corrección. Hasta el lugar se personan el presidente de la Asociación de Hostelería, Jorge Moro, y la gerente de la misma, entidad titular de la fiesta denominada Fin de Año Universitario, y el responsable de seguridad del evento.

La celebración, arraigada desde hace años en Salamanca, no gozaba en esta ocasión de un tratamiento diferencial. Desde el consistorio explican que para los conciertos en Ferias y Fiestas están suspendidas las normas del ruido, y el año pasado en la nochevieja universitaria también se solicitó, pero este año no.

Además, en las pasadas Ferias y Fiestas, el consistorio se autoimpuso un límite diferente y más alto, de 110 decibelios, como máximo para los conciertos. Este medio midió con una aplicación más de 100 decibelios el mismo día que se anunció la suspensión de conciertos en el Bernabéu por las quejas de los vecinos por ruido.

Tras la llegada de los responsables del evento, se realizan varias mediciones en su presencia, informando que den las indicaciones pertinentes para la subsanación de la emisión elevada de decibelios.

En las citadas mediciones, y según el parte policial, se alcanza una máxima a las 21:24:58 horas de una media ponderada (LAeq) de 96.4 dB y un pico máximo de (LAIeq) de 99.4 dB. Los niveles siguen estando por encima de lo permitido para el evento, que esta vez no cuenta con un trato especial.

Según explica la Policía Local, se dan las indicaciones correspondientes a los responsables de sonido corrigiendo dichas emisiones, comprobando a través de las mediciones posteriores (a partir de las 21:36 horas) que las emisiones están por debajo de los 90 dB en LAeq.

La Policía Local sigue realizando mediciones para comprobar la emisión de decibelios, estando todas ellas por debajo de los 95 dB, salvo medición '32' que supera en 0.5 dB por irrupción de fuente externa. De nuevo, por encima del límite de 90 decibelios y del margen otorgado hasta 95.

Los agentes se mantienen en el lugar y siguen haciendo mediciones aproximadamente cada hora, hasta que finaliza el evento.

Tras lo ocurrido, fuentes del Ayuntamiento confirman inmediatamente que la empresa organizadora será propuesta para sanción al no cumplir con el decreto aprobado y el nivel de ruido pactado, esos 90-95 decibelios, suponiendo un daño para vecinos y la propia Plaza Mayor, declarada BIC y centro de la declaración de Salamanca como Patrimonio de la Humanidad.

Según la Ordenanza General de Medio Ambiente Contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, las multas pueden oscilar de 750 a 3.000 euros si la infracción se considera leve o grave. Habría clausura del establecimiento en el caso de que hubiera sido un recinto.

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