El contrato del bus urbano saldrá a concurso en noviembre por 174 millones de euros

Según fuentes municipales, durante el mes de noviembre se completarían los trámites para sacar a concurso el contrato para prestar este servicio, uno de los más importantes a nivel ciudadano, y también uno de los más cuantioso de los que se pagan de las arcas municipales. En concreto, el nuevo contrato está valorado en 174 millones de euros para los próximos diez años.

El concurso dio un primer paso en marzo de este 2022 al publicarse el inicio del expediente para sacarlo a licitación, pero desde entonces nada se ha sabido y hay una cuestión crucial por conocer: los pliegos de condiciones. Esta es la clave para saber qué características tendrá el servicio, qué mejoras experimentará y qué se le va a pedir a las empresas que concurran. Y además es el punto en el que se produjo la polémica y posterior anulación del actual.

El asunto se remonta a 2014, cuando se adjudicó la actual concesión para gestionar el servicio por algo más de 140 millones de euros a la empresa Salamanca de Transportes, la misma empresa que lo había estado prestando durante los 30 años anteriores. Se hizo por 12 años y con unos pliegos que, según denunció el PSOE en su día, estaban hechos «a medida» para que la concesionaria repitiera.

El caso es que, finalmente, al concurso sólo se presentó la ganadora. Entonces, una empresa del sector como Globalia se quejó y dijo que sólo la empresa que ya estaba prestando el servicio podía cumplir los pliegos exigidos. Puso el acento en las similitudes de las condiciones que se valoraban para adjudicar el contrato y las características del servicio que ya se estaba prestando por una empresa concreta, por ejemplo, por el hecho de que se solicitaban exactamente el tipo de vehículos, de gas, que ya se usaban.

El grupo de Juan José Hidalgo decidió recurrir la adjudicación y, tras un largo periplo administrativo y judicial, en febrero de 2019 se anuló definitivamente el contrato por no haberlo publicado en el boletín europeo de licitaciones públicas, aunque la principal duda legal era si se podía adjudicar, como se hizo, por 12 años.

Desde entonces, el servicio ha seguido prestándose, pero el contrato ha estado en el limbo. El ayuntamiento se ha tomado su tiempo para cumplir con la publicación en el boletín europeo de licitaciones y para anunciar el contrato, aunque por ahora no hay pliegos.

Eso a pesar de que la propia empresa había pedido que se licitara con urgencia el nuevo contrato para equilibrar económicamente el servicio. Ese contrato, ha reclamado Salamanca de Transportes, debe incluir 8,8 millones de euros de costes que se le adeudan a la empresa en concepto de inversiones pendientes de amortizar, y otros 1,1 millones para compensar a la empresa por las inversiones previstas y que no se van a poder hacer al hacerse un nuevo contrato.

Sobre las condiciones del contrato, incluye más de 138 millones de euros por costes de explotación, 8,5 por amortizaciones pendientes de material móvil (vehículos que se compran para renovar la flota) y 27 millones de euros correspondientes al límite de modificación de cuantías, fijado en un 20%.