La decisión sobre ampliar los espacios sin humos se posterga

La Comisión de Salud Pública, en la que están representados altos cargos sanitarios autonómicos, rechazó este jueves la petición de Sanidad de que se votase para dar el visto bueno al borrador de Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y los directores de Salud lograron que esta decisión se retrase hasta una futura reunión monográfica del mismo órgano, en la que las consejerías podrán presentar alegaciones y enmiendas al documento. Si el nuevo cónclave técnico lograse algún tipo de acuerdo, posteriormente deberá ser ratificado en otra reunión al más alto nivel entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y los consejeros del ramo.

Solo si este acuerdo al final es posible, el ministerio, a partir del contenido final pactado parae la estrategia, podrá empezar a elaborar las reformas legales que deben detallar las nuevas prohibiciones y que más tarde debatirá y aprobará, según si son reglamentos o leyes, el Consejo de Ministros o el Parlamento.

El plan, que por ahora ha quedado en suspenso, aspira a lograr en los próximos años la primera generación española sin fumadores y se fija entre sus objetivos bajar a corto plazo al menos en tres puntos el porcentaje de fumadores, que ronda el 22%, y reducir por debajo del 20% la cantidad de adolescentes y jóvenes que consumen tabaco, que hoy están sobre el 25%.

Un primer bloque de reformas pretende ampliar los espacios libres de humo, para reducir el hábito, pero sobre todo para proteger a los fumadores pasivos, en especial a los menores, dos de cada tres hoy respiran con regularidad el humo de otros. Las nuevas leyes prohibirán fumar tanto tabaco como cigarrillo electrónico en «determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre» que el borrador no especifica, pero que tienen a las terrazas de hostelería, las marquesinas de autobuses, las playas o los estadios deportivos descubiertos en su punto de mira. También tienen previsto vetar el consumo de cualquier clase de tabaco en algunos espacios privados cuando su humo o aerosoles afecten directamente a menores o enfermos, con el vehículo particular en debate.

El segundo bloque de medidas pretende regular la venta y consumo del cigarrillo electrónico para imponer restricciones y prohibiciones similares a las que ahora tiene el tabaco tradicional y que, al menos en parte, también se extenderían a los vapeadores y las pipas de agua. Todos estos aparatos se consideran la puerta de entrada de los adolescentes al tabaquismo, como demuestra que los hayan usado uno de cada cuatro chicos de 12 y 13 años y que su uso por adolescentes y jóvenes se ha duplicado en España en poco más de un lustro. Con seguridad, se les impondría los mismos vetos a la publicidad y al patrocinio que a los cigarrillos.

El tercer pilar del plan aspira elevar notablemente los impuestos al tabaco y fijar gravámenes al cigarrillo electrónico para terminar con unos precios que son de los más bajos de Europa (respecto a países como Francia o Irlanda, la mitad). Con el mismo fin de de desmotivar al consumidor de un hábito que causa una muerte cada cuarto de hora, 50.000 por año, se implantará el empaquetado genérico para todos los productos y se prohibirá que contengan aditivos, saborizantes o aromas.

El último bloque de medidas quiere poner las cosas más fáciles a quienes pretenden desengancharse del tabaco. Para ello pretenden que los hospitales se impliquen también junto a la atención primaria en los programas de abandono de este mal hábito, van a ampliar los fármacos subvencionados para la deshabituación y van a flexibilizar las exigencias para poder participar en estos programas públicos subvencionados, que ahora piden que se trate de un fumador de al menos 10 cigarrillos diarios, que ya haya intentado dejarlo en el último año y al que solo le subvencionarán los fármacos para que realice un intento por año.