El Ayuntamiento de Salamanca reclama al TSJ margen para derribar el parque de maquinaria

De momento, la fecha tope para la demolición se acerca. Según la ejecución de sentencia, el plazo expira el 21 de diciembre. Es decir, menos de una semana, tiempo en el que parece complicado cumplir en su extensión total con la sentencia. El Ayuntamiento de Salamanca tiene decidido proceder al derribo y poner así fin a uno de los pleitos más largos de la gestión municipal, aunque pretende retrasarlo un poco más.

Para ello, el día 2 de diciembre solicitó una prórroga de tres meses para ejecutar; además, ha pedido poder conservar la estación de gas comprimido que alimenta los camiones de la basura y que se suministraban en el propio parque. La petición se ha dirigido al organismo de cuenca con diez días de plazo que terminaron el pasado lunes. Sin respuesta, fue entonces cuando se decidió acudir al TSJ para conseguir esa prórroga.

No es la primera vez que el ayuntamiento solicita al organismo de cuenca su cooperación en el proceso. Según fuentes municipales, en reiteradas ocasiones se ha pedido una reunión con la confederación para consensuar con ellos la ejecución de la demolición, sin que haya habido respuesta.

El Ayuntamiento de Salamanca ya tiene redactado y aprobado un proyecto de demolición, que está ya en manos de los técnicos municipales que han hecho algunas correcciones al documento presentado por una empresa a la que se ha encargado. Según la oposición municipal, el coste del derribo rondará los 2 millones de euros.

El consistorio ya ha trasladado parte de los servicios: los vestuarios del personal de recogida de basuras a una antigua guardería y los camiones, a las cocheras del bus urbano, donde también se aprovisionan de gas. Todos los vehículos repostan con gas, motivo por el que el consistorio ha pedido permiso para conservar la estación de gas comprimido.

El consistorio fue condenado este año a ejecutar la demolición tras confirmarse en el Tribunal Supremo la ilegalidad de la instalación, proyectada en 2006 y que costó 19 millones de euros. Fue uno de los elementos del contrato firmado aquel año para la recogida de basuras con la empresa FCC.

El proyecto contó con la oposición de Ecologistas en Acción, ahora Equo, que denunció que se había levantado en zona inundable. De hecho, la construcción está muy próxima al cauce del río Tormes, frente a la pesquera de Tejares. En marzo de este año el pleito agotó su recorrido judicial con una sentencia contraria a los intereses del consistorio, que había solicitado incluso el cambio de uso para intentar salvar la instalación.

El momento clave tuvo lugar a finales de 2017, cuando el Tribunal Supremo declaraba nula la autorización de la CHD para legalizar las obras del parque de maquinaria que la concesionaria del servicio de basuras había construido a la orilla del río Tormes, en la zona de Huerta Otea, y que ya tenía una sentencia en contra de 2015.