El Gobierno siempre ha dejado la puerta abierta al indulto de Griñán

El presidente del Gobierno jamás ha cerrado la puerta a conceder al expresidente de la Junta de Andalucía la medida de gracia, a favor de la que ya han firmado exdirigentes del PSOE como Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero o Susana Díaz. Es más, cuando en junio se conoció el fallo del Supremo que ratificaba la pena impuesta por la Audiencia de Sevilla, Sánchez se esforzó en argumentar que «no hubo enriquecimiento personal ni financiación de partidos».

«Podemos afirmar que están pagando justos por pecadores», remarcó incluso el presidente del Gobierno en una coletilla repetida esos días por todo el PSOE. La insistencia no era en absoluto baladí porque el popio Sánchez defendió en el pasado una reforma legal, que no llegó a prosperar, para prohibir el indulto en casos de corrupción.

Todo, en las declaraciones de distintos miembros del Ejecutivo, desde el pasado 26 de julio, apunta a un intento de allanar el camino de una decisión que los familiares de Griñán reclaman en atención a su «intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la Democracia». Desde Moncloa se lleva meses hacieno hincapié en el hecho de que las magistradas Ferrer y Polo discreparan de sus compañeros de tirbunal. Pero a nadie se le escapa que se trata de un asunto polémico. No en vano, el actual líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, rechazó hace unos días firmar la petición apelando al código ético de la formación.

Este martes, horas antes de que se hiciera pública la sentencia, el presidente se limitó a decir que el Gobierno respetará los trámites y que actuará «acorde con la ley ycon absoluta transparencia».

Los trámites aún pueden llevar meses (la media ronda entre los seis meses y el año). Lo primero que tendrá que hacer el Ejecutivo es recabar la opinión tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía. Esos informes son preceptivos pero no vinculantes y cabe recordar que Sánchez concedió en 2021 los indultos del 'procés' pese al citerio desfavorable de ambas instituciones.

Con todo, aún cabe la posibilidad de que sea el Constitucional quien libre a Griñán de ir a la cárcel. Su abogado, José María Calero, ya anunció hace dos meses su intención de recurrir a la corte de garantías una vez conocida la sentencia, votos particulares incluidos. Sánchez confía en que en cuestión de semanas, cuando el CGPJ proceda a designar a sus dos magistrados, ese órgano pase a tener mayoría progresista.

Pero esa vía tiene un escollo y es que, según la jurisprudenia, el máximo intérprete de la Carta Magna no suele acceder a suspender la entrada en prisión cuando la pena supera, como en este caso, los cinco años.