Sin móviles y con inhibidores de micros para la comparecencia de la directora del CNI

Según fuentes de la seguridad del Estado, la sala de la reunión (la 'Mariana Pineda', lugar habitual de las reuniones de la Junta de Portavoces) y buena parte de las instalaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo han sido barridas en busca de sistemas de escuchas. En cualquier caso, una red de potentes inhibidores han sido activados para evitar cualquier filtración.

Ninguna de las trece personas que han entrado a la sala podrá portar dispositivos electrónicos. Ni Esteban, ni la presidenta Meritxell Batet, ni el secretario, ni ninguno de los diez diputados han podido introducir tampoco sus móviles a esta Comisión de Gastos Reservados del Congreso, que es su denominación oficial. Los terminales han quedado custodiados en una caja metálica en el exterior.

Los diputados que han entrado a la reunión a puerta cerrada son Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidos Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Grupo Plural), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Albert Botran (Mixto).

Dos de estos parlamentarios, Nogueras y Botran, figuran en el listado de 61 independentistas catalanes y vascos espiados con Pegasus según la investigación de Citizen Lab. Los móviles de otros dos miembros del Congreso de los Diputados, Jon Iñarritu (Bildu) y Ferran Bel (PDeCAT), también fueron atacados con Pegasus, según Citizen Lab, aunque ellos no son miembros de esta Comisión de Gastos Reservados.

Los diez diputados de esta comisión tienen obligación por ley de guardar silencio y no revelar en ninguna circunstancia de lo tratado en este encuentro. Pueden tomar notas y consultar los documentos (siempre copias compulsadas) que presente el CNI, pero nunca fotografiarlos u obtener copias de los mismos.

A pesar de la confidencialidad de esta reunión, ni siquiera en este foro tan cerrado Paz Esteban está obligada a revelar todos los detalles del espionaje con Pegasus. La ley de Secretos Oficiales de 1968 y la reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de 2002 permiten a la directora de los servicios secretos hurtar información al Congreso de los Diputados si considera que airear ciertos datos podría poner en riesgo la «seguridad nacional».