Junqueras urge al Supremo a absolverle ya por la rebaja de la sedición y la malversación

A raíz de la entrada en vigor de la nueva legislación penal, el alto tribunal, que condenó a penas de 9 a 13 años de prisión a los líderes del 'procés', abrió de oficio un expediente de revisión de la sentencia del 1-O. Dio ocho días a las partes para que se pronunciaran sobre cómo afecta la reforma del Código Penal a la condenas. Y también en este asunto hay división en el independentismo. Los cuatro dirigentes de Junts condenados por los hechos de octubre han optado por permanecer en silencio y no pedir una revisión de penas, mientras que los cuatro de ERC reclaman su absolución total e inmediata.

Los abogados de ERC consideran que el nuevo Código Penal vigente es más favorable que el anterior y en consecuencia piden la revocación de todas las penas. La sedición ha desaparecido sin que pueda equiparársele el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, según los letrados de los republicanos. Por ello, creen que «es evidente que no puede comportar responsabilidad penal de ningún tipo». Y en cuanto a la malversación, aseguran que no existe ningún tipo de «apropiación indebida» ni de «ánimo de lucro». También descartan el uso privado y temporal del patrimonio público, así como niegan la existencia de daños derivados de un posible uso de los fondos distintos a los previstos. En consecuencia, exigen también la extinción de la responsabilidad por malversación.

Si no hubo delito ni de malversación ni de desórdenes públicos, los socios de Sánchez consideran que deberían decaer, también, las penas de inhabilitación impuestas. Entre los planes de los republicanos cuando negociaron la reforma penal con el Gobierno estaba que Junqueras y Romeva puedan regresar cuanto antes a la vida política. Los líderes del 'procés' fueron excarcelados al indultarles el Gobierno por la sedición. Lo que persiguen ahora es la exoneración penal, el final de la malversación y, en consecuencia, su rehabilitación plena como actores políticos tras la intentona independentista de hace un lustro.

En paralelo, Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium, descarta pedir su revisión de condena. Cuixart, condenado por sedición, presentó también este martes su escrito ante el Supremo, en el que rechaza la posible rebaja de condena porque considera que no se dan las garantías para que no haya una nueva «vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español».

Los condenados de Junts por el 1-O -Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn y Jordi Sànchez- también tenían previsto solicitar la absolución completa. Pero cambiaron su posición cuando Llarena hizo público el nuevo auto de procesamiento contra Carles Puigdemont, al que acusa de malversación agravada. Los dirigentes de Junts no pedirán la revisión de condena. Su intención es dejar pasar el plazo dado por el Supremo, esperar a la resolución y entonces decidir si recurren.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentarán sus escritos en breve. Cuando tenga la posición de todas las partes, la Sala presidida por Manuel Marchena resolverá. De momento, quien se ha pronunciado en el Supremo sobre cómo afecta el nuevo Código Penal es el instructor del caso del 'procés', Pablo Llarena. El magistrado dictó un nuevo auto de procesamiento para los dirigentes del 1-O, como Carles Puigdemont, que aún no han sido juzgados porque huyeron al extranjero.

Llarena eliminó la acusación por sedición, pero mantuvo la de malversación y agravada. Si Marchena siguiera su criterio, a Cuixart, Sànchez, Rull, Forn y Forcadell se les eliminaría la pena de inhabilitación por la sedición y solo purgarían por desobediencia, mucho menor. Sería diferente para Junqueras, Romeva, Bassa y Turull, que fueron condenados por sedición y malversación. Aunque hay juristas que creen que al suprimirse la primera decae la segunda, pues la condena fue en concurso medial.