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El Gobierno y sus socios se dan una semana más para tratar de salvar la reforma de la ley mordaza

El Gobierno y sus socios se dan una semana más para tratar de salvar la reforma de la ley mordaza

La quinta reunión de la Ponencia, que debía ser la última, acaba sin acuerdo sobre los cuatro puntos espinosos, aunque con una nueva propuesta sobre las pelotas de goma

Martes, 24 de enero 2023, 16:12

Empieza el tiempo de descuento. El plan del Gobierno de aprobar esta misma primavera la reforma de la ley mordaza empieza a peligrar seriamente. Este martes se celebró la quinta ponencia de los parlamentarios de la Comisión de Interior, que, en teoría iba a ser ... la última. La idea de PSOE y Unidas Podemos era votar hoy mismo un texto para elevarlo a la comisión, pero al final los dos partidos que apoyan al Ejecutivo tuvieron que recular al comprobar que la proposición de ley podía morir en ese mismo instante porque ni ERC ni EH Bildu iban a votar a favor. Incluso, no descartaban votar en contra.

Con ese panorama, los grupos del Gobierno y sus socios parlamentarios acordaron darse una semana más para negociar y convocar una nueva reunión de la ponencia el martes 31 de enero, esta vez sí la última, y antes intentar aproximar posturas en los cuatro puntos que desde hace un año provocan fricciones y sobre los que no se ha avanzado nada: el uso de las pelotas de goma, las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y las devoluciones en caliente.

Solo en el uso de las pelotas de gomas ha habido algún movimiento. La propuesta del Gobierno para atraerse a sus socios es recuperar una vieja idea: sacar las gomas de caucho del futuro texto con el argumento de que en la actual ley de seguridad tampoco están. Y luego que el Gobierno hiciera un anuncio público y formal de que se compromete a hacer un estudio para sus sustitución por medios lesivos y que, entre tanto, se elaborara un protocolo que tase de forma muy concreta en qué circunstancias puede ser usadas las pelotas.

Pero lo cierto es que a pesar de este movimiento es que el Gobierno y sus grupos, a día de hoy, explican fuentes parlamentarias, no cuenta con los 17 votos de los republicanos y abertzales, indispensables para sacar adelante la reforma, ya que en el Pleno serían necesarios 176 votos (mayoría absoluta) al ser la norma de seguridad ciudadana una Ley Orgánica.

«Pese a tener los votos, falta voluntad política para desactivar la Ley Mordaza por parte de quienes prometieron su derogación. Los puntos más espinosos y dañinos de la ley siguen sin acuerdo tras un año de negociaciones», explicó el diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien no ocultó que cada vez el ambiente entre el Gobierno y sus socios es más tenso por la falta de avances. «La votación de la Ponencia se ha retrasado una semana más por la negativa del PSOE a nuestras propuestas. Debe tomar conciencia de la situación para hacer posible lo que quiere y reclama la mayoría de la ciudadanía, que es derogar la ley mordaza», insistió el diputado 'abertzale'

La diputada del Grupo Republicano María Dantas fue igualmente tajante. «Hemos dejado muy claro lo que queremos nosotros. Ya hemos rebajamos nuestras pretensiones al aceptar que no iba a haber una derogación», explicó la parlamentaria, en referencia a la promesa de Pedro Sánchez que, tras la moción de censura que le llevó al poder en 2018, garantizó esa «derogación» completa del articulado.

70% de las multas

Dantas rechazó la versión del PSOE y Unidas Podemos de que más del 95% de la ley está ya cerrada. Según la diputada, dos de los cuatro puntos de fricción son, en realidad, el origen de «prácticamente el 70% de las multas de la ley mordaza».

La diputada se refería en particular a los artículos sobre la desobediencia y la falta de respeto a la autoridad, en los que los desacuerdos con republicanos y abertzales persisten.

En el caso de la desobediencia, la última propuesta de UP para atraerse a los socios es especificar en el texto que la desobediencia debe ser «manifiesta» y la resistencia a los agentes con «oposición corporal». PNV y PSOE apoyan esa redacción, pero no el resto, que se quejan de que ya hubo un acuerdo anterior, del que los socialistas se echaron atrás, que apuntaba que la desobediencia solo sería punible si era acompañada de «oposición corporal o fuerza física». Este artículo es clave. Fue usado de manera masiva por Interior durante el primer estado de alarma de 2020. Con cerca de más 1,1 millones de denuncias con sanciones de 601 a 30.000 euros.

En cuanto a la falta de respeto, la propuesta de PNV, que cuenta con el respaldo de UP, es que solo se considere falta de respeto las «expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos» que desacrediten «objetivamente» a los policías durante el desempeño de sus funciones. El PSOE no ve mal esta redacción pero ERC, Bildu y Junts se niegan a apoyarla porque creen que es demasiado vaga y todavía permitiría las actuaciones «arbitrarias» de los agentes.

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