El Gobierno explora una reforma de la sedición que no le maniate ante el soberanismo

La reforma en la que estuvo trabajando durante largos meses el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo -sustituido por Pilar Llop poco después de que el Gobierno concediera los indultos a los condenados por el 1-O- apuntaba a una rebaja notable de la horquilla de años de prisión atribuibles al articulo 545 de Código Penal, usando como referentes las legislaciones de Alemania, Francia, Italia y Portugal. Si en España la sedición se castiga con penas de entre 8 y 10 años de cárcel para quienes induzcan o dirijan la sedición e incluso hasta 15 si se trata de personas «constituidas en autoridad», en esos países delitos similares (aunque no exactamente iguales) se mueven entre los tres y los ocho.

Esa ventana no libraría necesariamente a quienes aún están pendientes de juicio, como el expresidente Carles Puigdemont o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, de la cárcel, aunque probablemente, de entregarse a la justicia, no entrarían en prisión preventiva y su castigo sería mucho menor que el impuesto por el Supremo a otros actores de la ofensiva de 2017 como Junqueras (13 años por sedición en concurso medial con malversación) o Joaquim Forn (9 años y 6 meses solo por sedición). Está por ver que ERC, que hasta hace unos meses abogaba directamente por la supresión del delito, lo considere suficiente.

Las dificultades para llegar a un acuerdo -sobre el que, según fuentes del Ejecutivo aún no se ha empezado a negociar pese a la afirmación de Aragonès de que ya ha habido intercambio de papeles-, no se reducen, en todo caso, a ese aspecto concreto. En Moncloa siempre han dejado claro que una reforma de este calado no puede limitarse a un solo artículo y que si se quita de un lado habrá que poner de otro para no dejar inerme al Estado frente a actuaciones que, convienen, son «muy graves». «Habría que tipificar algún tipo de delito para atentados a la Constitución y a la integridad territorial de España», apuntaba hace pocos meses un ministro.

El proyecto diseñado por Campo incluía, por ejemplo, un castigo para la desobediencia al Tribunal Constitucional, hoy inexistente, que no sería precisamente del agrado de ERC. La formación catalana pone el foco, por su parte, en la malversación, penada igualmente con cárcel. Además de afectar a Puigdemont, ese el principal delito del que acusa la Fiscalía a una treintena de exaltos cargos del Govern, entre los que se encuentran Josep Maria Jové y Lluís Salvador, actuales diputados republicanos. Su juicio está próximo y la formación de Junqueras lleva semanas advirtiendo al Gobierno de que nadie más relacionado con el 'procés' puede entrar en prisión.

«La represión no empieza y acaba en el delito de sedición», advirtió este lunes en esa línea la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. «Tiene que haber, también, otras actuaciones e intervenciones». En varias ocasiones estos meses, además, Aragonès ha instado al Gobierno a que apruebe una serie de medidas que «tengan los efectos de una amnistía». Se refería a la posición de la Abogacía del Estado o a tratar de influir en la Fiscalía a la hora de la petición de penas en un juicio. Vilalta añadió que su partido será muy «exigente» y no entrará en una «subasta pública» sobre a cuánto deben ascender las penas por sedición.

Estas dificultades son las que llevan al Gobierno a insistir en que no tiene mayoría para la reforma. En cuanto haya un entendimiento con los republicanos, el apoyo del bloque de investidura está garantizado.