Trump gana popularidad tras el registro de su mansión

Paralelamente, el juez que debe decidir si hacer público o no el sumario secreto de la orden de registro del FBI en Mar-a-Lago, ha reconocido la seriedad de las preocupaciones del Departamento de Justicia para proteger la confidencialidad de las fuentes, aunque señala que aún no le ha convencido de que sean suficientes para mantenerlo oculto.

Bruce Reinhart, el juez que aprobó la orden de registro original, pidió al Departamento de Justicia presentar una versión redactada del sumario de la orden de registro. El Gobierno, por su parte, ha declarado que hacerlo público podría poner en riesgo las pesquisas y exponer a los testigos a la intimidación.

En una opinión y orden de 13 páginas publicadas ayer, el magistrado Reinhart ordenó a la autoridad federal a presentar un documento sellado en el que se expongan las partes sensibles de información confidencial que deberían permanecer secretas.

Trump desea conocer el contenido del sumario secreto para saber los indicios de la causa probable contra él, así como la identidad de los presuntos informantes del FBI. Pero al mismo tiempo, no quiere que la orden se haga pública ya que la gravedad de los cargos por los que se le investiga podría perjudicarle. De ahí que sus abogados no interpusieran un recurso para hacer público el sumario secreto cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo durante la audiencia con el juez.

El exmandatario se ha apoderado del relato público a través de su equipo y sus propias declaraciones en los medios afines para hacer prevalecer su versión de víctima sobre la de las autoridades federales, que justificaron el registro con causa probable de graves delitos de Estado. Trump considera complicar la situación judicial un poco más ya que se plantea solicitar el nombramiento de un magistrado especial para arbitrar si los materiales confiscados por el FBI podrían ser utilizados en una investigación criminal contra él, según su principal abogado, Jim Trusty. Sería la primera acción legal formal del expresidente tras la redada del FBI en su mansión el 8 de agosto, en la que se confiscaron 30 cajas de documentos clasificados de seguridad nacional.

El argumento de Trump se basaría en la apelación frívola al privilegio presidencial, -que no solo no cubre la sustracción de documentos de alto secreto del Gobierno, sino tampoco a la pos presidencia-, y aduce que el Departamento de Justicia no debería decidir por sí mismo qué documentos puede utilizar en su investigación. La selección de un magistrado especial en este tipo de casos suele recaer en un abogado o juez jubilado.

Trump, un experto en litigación, ha utilizado este método en los tribunales a lo largo de más de tres décadas para prevalecer en sus negocios sobre sus rivales en más de 4.000 casos, según el diario y cadena de noticias por cable USA Today. Casos que incluyen demandas en sus casinos, en sus resortes de golf, disputas sobre su marca registrada y de carácter financiero con hacienda y el Gobierno, casos de contratos de trabajo y laborales y de difamación en los medios.

Con todo, el expresidente no solo ha incrementado su popularidad sino también sus arcas con la redada en su mansión. Ha alcanzando un pico de recaudación de un millón de dólares al día durante al menos dos jornadas la semana pasada, según de 'The Washington Post'.

El equipo de recaudación de fondos de Trump se enfrascó en un esfuerzo frenético por medio de una campaña de solicitación de donaciones a través de correos electrónicos que denuncian el registro del FBI como una «amenaza a la democracia» y una «infracción sin precedentes de los derechos de los ciudadanos estadounidenses» por parte de los demócratas.