mercedes gallego
Nueva York
Viernes, 12 de agosto 2022, 07:44
¿Qué podía hacer en el trastero de Mar-a-Lago documentación secreta sobre material nuclear, mezclada con camisetas y zapatos de golf? Eso debió de preguntarse el 3 de junio el director de la Sección de Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional del Departamento ... de Justicia, Jay Bratt, cuando escribió a los abogado de Donald Trump para pedirles que reforzaran la cerradura de ese trastero en el sótano de Mar-a-Lago. Pero había más.
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De ser cierto que el FBI descerrajó la caja de seguridad que Trump tenía en su dormitorio u oficina, el número de personas que conocía su existencia y ubicación son muy pocas. Puede que no más de media docena, un círculo muy íntimo del que habría salido el chivatazo que obtuvo el FBI.
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Según fuentes del diario 'The Washington Post', en alguna de esas tres ubicaciones –la oficina del expresidente, su dormitorio y el trastero– se escondían documentos muy sensibles sobre armas nucleares, clasificados como altamente secretos, «que podrían proporcionar a los adversarios de EE UU una hoja de ruta sobre la inteligencia para construir formas de contrarrestar esos sistemas».
Al menos, eso es lo que buscaba el FBI. El inventario del material, adelantado por 'The Wall Street Journal' y hecho público este viernes, muestra que los agentes sacaron de la casa una veintena de cajas con material, entre las que han encontrado once carpetas de documentos clasificados y, en algunos casos, sellados con la etiqueta de secretos. Sin embargo, la lista no explica sobre qué materias trataban dichos documentos clasificados.
También se hallaron otros archivos relacionados con el polémico perdón presidencial a su antiguo asesor Roger Stone e incluso un informe sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los aliados del exmandatario replicaron que éste había desclasificado los dosieres, una facultad que corresponde al presidente y que podría ser su cobertura legal.
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El inventario de propiedades incautadas por el FBI en el registro ocupa siete folios. Es un listado que Donald Trump tiene en su poder desde que acabó la operación el lunes por la noche, sin que lo haya hecho público. Es, por el contrario, el Departamento de Justicia el que ha presentado una moción para levantar parcialmente el secreto de sumario, lo que permitiría mostrar a la opinión pública tanto ese inventario como la orden de registro.
El juez Bruce Reinhart, que ha sido donante tanto de las campañas de Jeb Bush como de Barack Obama, y trabajó para el magnate Jeffrey Einstein, dio a los abogados de Trump un plazo hasta las tres de la tarde (hora local) de este viernes para manifestarse a favor o en contra de la moción presentada por el Departamento de Justicia. El expresidente dijo en la red social que montó cuando fue vetado de Twitter, Truth Social (Verdad), que no se oponía a la moción. «Estábamos cooperando plenamente, el Gobierno podía haber conseguido lo que quisiera si es que lo teníamos», aseguró.
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Todo el material incautado se encuentra aún en las oficinas de la agencia en Miami. Revisar documentos potencialmente clasificados como secretos es un proceso lento y laborioso lleno de salvaguardas burocráticas. De sus explosivas declaraciones esta semana, que han desatado el número de amenazas contra el FBI, se deduce que el líder republicano estaba más irritado por el hecho de que los investigadores encontrasen su caja de seguridad y rebuscasen entre la ropa y los objetos personales de su esposa, Melania Trump.
La semana no empezó bien para Trump, que se enteró del registro de su residencia personal mientras estaba en Nueva York preparándose para testificar ante la fiscal general del Estado en una causa civil, y acabó aún peor. Otro juez, esta vez del Estado de Nueva York, se pronunció ayer en contra de la moción que habían introducido sus abogados en febrero para que desestimasen los cargos penales por fraude fiscal. El juez Juan Merchan solo ha desestimado uno de los cargos, pero permitirá que se juzguen los otros catorce delitos, en un proceso para el que la selección del jurado comenzará el 24 de octubre, dos semanas antes de las elecciones legislativas de medio mandato que se celebrarán el 8 de noviembre.
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En cuanto al juicio contra Trump Organization y su jefe de finanzas corporativas, Allen Weisselberg, según un artículo de Bloomberg publicado en julio de 2021, que los abogados de Trump creen que fue el que desató la persecución, la empresa utilizaba formas «indirectas» de compensar a sus empleados mejor remunerados para evitar que tuvieran que declararlas. A Weisselberg, uno de los leales de Trump a sus 74 años, se le acusa de haber recibido hasta 1,5 millones de dólares este tipo de beneficios, incluyendo un piso y un coche, por lo que se verá obligado a morder el polvo con la cárcel o desvelar los intrínsecos de la contabilidad de Trump para evitar una sentencia en contra.
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