Trump se niega a declarar ante la Fiscalía por las irregularidades en su empresa

Las tornas han cambiado. Ahora el FBI le investiga a él por llevarse material clasificado de la Casa Blanca que, año y medio después, no se ha podido recuperar, pese a las arduas negociaciones mantenidas con sus abogados. «Ahora entiendo la respuesta a mi pregunta», escribió en un comunicado ante de negarse a contestar las preguntas de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. «Cuando tu familia, tu empresa y toda la gente de tu órbita se han convertido en objetivos de una caza de brujas políticamente motivada, con el apoyo de abogados, fiscales y los Medios de Falsas Noticias, no tienes elección».

Con todo lo locuaz que Trump puede resultar en la vida común, cuando se trata de hablar bajo juramento Trump siempre ha sido siempre muy cauto y escucha los consejos de sus abogados. Es esta una de las razones por las que los psiquiatras que han estudiado su conducta concluyen que sabe lo que hace. El perjurio está penado en la mayor parte de las jurisdicciones con un año de cárcel y hasta cinco años si se ha mentido al FBI. Por eso lo de decir «toda la verdad y nada más que la verdad» suena a película, pero no es broma.

Invocar la quinta enmienda durante la declaración no tendrá consecuencias legales para Trump, que puede cambiar de opinión en el juicio, pero sí políticas. De ahí que, por una vez, el mandatario se hiciera eco de su propia hipocresía y decidiera adelantarse a las críticas con un comunicado.

Su hijo también invocó la Quinta Enmienda Constitucional más de 500 veces durante su declaración, porque eso no impide que la fiscalía siga haciendo preguntas. Mientras el expresidente pasaba horas en los juzgados de Manhattan, su oficina atacaba a la fiscal de color que tiene abierta una causa contra él por fraude bancario, al presumirse que mentía en las solicitudes de préstamos inflando el precio de sus propiedades para obtener términos más ventajosos. Cuando se trataba de seguros prefería quedarse corto, como contó en su declaración al Congreso su abogado Michael Cohen, que fue sentenciado a tres años de prisión por evasión fiscal y violaciones de campaña.

Trump acusa a la fiscal neoyorquina de haber montado su campaña electoral con la promesa de «cogerle y destruirle», lo que argumenta con material audiovisual de sus mítines. «Espero que llegue el día en el me siente en la Oficina del Fiscal y le demande», llegó a decir James.

Las declaraciones bajo juramento que se produjeron en el marco del primer juicio de impeachment no sirvieron para condenar a Trump, porque su partido tenía mayoría en el Congreso, pero sacaron a la luz una serie de delitos potenciales. Cohen, que fue su hombre de confianza durante diez años, llegó a advertir que el presidente no aceptaría una transición pacífica de poder, como así fue.

Trump está preparado para saltar de nuevo a la arena electoral. Tiene en su poder más de 120 millones de dólares recaudados y si no ha hecho el anuncio ya es porque una vez que formalice su candidatura tendrá restricciones sobre el uso que da a los fondos electorales.

El registro de su mansión en Palm Beach el lunes le ha servido de acicate para recaudar más donaciones y movilizar a sus bases. La palabra «guerra civil» se disparó en las redes sociales tan pronto como informó a los medios la «redada» que considera una «allanamiento de morada» de todos los «patriotas de América». Lo que no hizo fue mostrar la orden de registro, donde el juez federal del Sur de Florida que la autorizó debe de haber escrito los motivos.

El Departamento de Justicia mantiene el hermetismo, pero las fuentes de los medios estadounidenses aseguran que los Archivos Nacionales le pasaron el caso cuando supieron que entre el material que Trump se llevó de la Casa Blanca hay documentos clasificados que siguen sin aparecer. La oficina del ex presidente devolvió 15 cajas a finales de enero, pero según esas fuentes no ha cooperados con otros documentos esenciales para la seguridad nacional que el FBI esperaba encontrar en su mansión de Mar-a-Lago. Es más, la abogada del magnate Christina Bobb dijo a The Washington Post que la visita del FBI les sorprendió porque esta misma semana le habían devuelto 12 cajas de documentos de forma amistosa.

Las violaciones potenciales a la Ley de Documentos Presidenciales y las acusaciones de fraude bancario son, en realidad, la menor de las preocupaciones de Trump. La más importante tiene su epicentro en Georgia, donde se le grabó intentando convencer al presidente de la Junta Electoral para que le «encuentre» 11.780 votos con los que cambiar el resultado de las elecciones. Si fuera hallado culpable podría ser condenado a cinco años de prisión y, además, inhabilitado para volver a presentarse a cualquier cargo público.