Retrasos en el pago de la nómina

¿Qué hay de mi sueldo, jefe?

Lo primero que hay que saber es que la empresa no puede ampararse en su mala situación económica para no pagar y, por tanto, si nos pide «un tiempo» no estamos obligados a dárselo. «La legislación laboral incluye como derecho del trabajador la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida y, al regular cómo ha de realizarse la liquidación y pago del salario, reitera que se hará puntualmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos o costumbres.

También señala que el período de abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes. Así que, teóricamente, podría reclamarse el salario impagado desde el día siguiente a la fecha convenida y, si no la hubiera, desde el primer día del mes siguiente», explica Ana Zapirain, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad del País Vasco.

Pero, ¿y si la reclamación no sirve de nada? Llegados a este punto, toca actuar. Pero, ojo, mientras decidimos qué hacer hay que seguir trabajando. Que ni se nos ocurra dejar de fichar. «Aunque hay alguna sentencia que ha excusado al empleado haciendo una interpretación empática de la situación extrema que conlleva trabajar sin cobrar durante un tiempo considerable, si dejáramos de cumplir con nuestras obligaciones laborales podríamos ser despedidos disciplinariamente por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o quizá, valiéndose de nuestra decisión tácita de dimitir, la empresa podría causar baja voluntaria», corrobora Zapirain.

En cuanto a las opciones entre las que podemos elegir, tendremos que optar por irnos –y salir de la empresa sin paro ni indemnización de ningún tipo– o por solicitar la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario. Si tomamos el primer camino y decidimos dimitir, conviene comunicarlo por escrito con la debida antelación porque, de no hacerlo, la empresa puede descontar los días de preaviso omitidos de la liquidación de saldo y finiquito.

Si, en cambio, queremos abandonar de la empresa con indemnización por despido y derecho a la prestación por desempleo –como si nos hubieran despedido, pese a que la ruptura de la relación laboral se deba a la voluntad unilateral del trabajador–, debemos presentar una papeleta de conciliación ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación que nos corresponda y, si no hay acuerdo, solicitar al Juzgado de lo Social la extinción del contrato.

El problema aquí es que la ley no determina a partir de qué momento se considera que el impago es «grave» y que, por tanto, nos aseguraría salir del juzgado con la extinción y la empresa condenada a abonarnos la indemnización que nos pertenezca por despido improcedente. «No existe un criterio unánime. No puede hablarse de un número concreto de meses. Hay una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de este año que declara la extinción por cuatro meses y medio de impagos más pagas extras y días de vacaciones. Quien asesore al empleado deberá estudiar las circunstancias concretas del caso y revisar las últimas sentencias para decidir iniciar o no el proceso judicial», recomienda.

Lo decíamos al principio, tanto en caso de dimitir como de solicitar la extinción judicial del contrato, hay que estar atento a los tiempos. «En principio, la obligación de pagar –la mensualidad ordinaria, la paga extra, las vacaciones…– se extingue, desaparece, transcurrido un año desde el día en que debía haberse realizado. Decimos 'en principio' porque es un plazo de prescripción, por lo que si es interrumpido por un medio que después pueda acreditarse (preferiblemente documental) se reinicia y volvería a ser de un año íntegro, explica Zapirain. Un matiz importante: en la solicitud de extinción del contrato el cómputo de ese año no es exactamente igual. Ahí se cuenta a partir del momento en que se considera que el incumplimiento adquiere la gravedad requerida.

En cualquier caso, sin importar cómo se haya abandonado la empresa, esta reclamación debe iniciarse con una papeleta de conciliación y, si este trámite resulta fallido, tendremos que presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social. También se puede pedir el pago de interés por mora, que la legislación establece en el 10% del salario adeudado y se calcula de forma anual y en proporción al tiempo de demora. «Ahora bien, para que opere, la deuda debe ser líquida, vencida y exigible, se debe apreciar dolo o culpa en el empresario y sólo se aplicaría sobre devengos salariales, no sobre los no salariales», concreta Ana Zapirain.