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Más del 65% de los propietarios de explotaciones agrarias supera los 55 años

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Jueves, 27 de febrero 2025, 20:39

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El campo regional está envejecido y masculinizado, pierde en número de explotaciones que crecen en tamaño medio consiguiendo mantener la superficie total desde 2016. Esa es la fotografía del sector en Castilla y León que hace la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos del año 2023. El 65% de las 72.286 explotaciones de la región están dirigidas por una persona mayor de 55 años, algo que constata la falta de relevo generacional. Es más, en 25.700 explotaciones, lo que supone el 35,6% del total, está al mando alguien mayor de 65 años, edad marcada generalmente para la jubilación. Se convierte en el porcentaje más alto en todos los tramos de edades, seguido de los 21.360 de los propietarios que tienen entre 55 y 64 años. En el resto de los intervalos, llama la atención que sólo se contabilizan 339 jóvenes menores de 25 años que dirigían explotaciones agrarias al finalizar 2023. Se completa con los 2.625 que tenían entre 25 y 34 años, 8.422 con entre 35 y 44 años, y 13.804 con entre 45 y 54 años. Por otro lado, la encuesta desvela que el 78,5% de los propietarios de explotaciones agrarias son hombres, un total de 56.752, frente a las 15.534 dirigidas por mujeres.

En el análisis global de los datos, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, considera que la encuesta sobredimensiona el número de explotaciones. «No hay 72.000 explotaciones, las solicitudes de la PAC son 60.000 y algunas que sólo se solicitan como zonas de montaña, habrá unas 50.000 explotaciones», puntualiza. En cuanto al envejecimiento del sector, incide en que «año tras año, vamos perdiendo agricultores», haciendo hincapié en que «lo deseable es que se equiparase las jubilaciones con las incorporaciones y pudiésemos tener un sector que más o menos se va regenerando». En cualquier caso, lamenta que «desgraciadamente» no es así, y como principal causa achaca la falta de rentabilidad en ciertos sectores.

Por su parte, el secretario regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, considera que «hay mucha gente que sigue con la actividad después de jubilarse y eso habría que intentar corregirlo». En este sentido, recuerda que el primer paso debe consistir en «mejorar las jubilaciones porque es verdad que las jubilaciones en el mundo agrario son muy bajas». En segundo lugar, incide en la necesidad de limitar las ayudas de la PAC a aquellos que cobren la pensión de jubilación. «En Francia, los agricultores que optan por seguir con la explotación tienen que elegir entre la jubilación o cobrar las ayudas de la PAC, mientras que aquí es compatible», puntualiza.

Otro de los datos que revela la encuesta es que entre 2016 y 2023, en Castilla y León desaparecieron 17.750 explotaciones, una reducción del 24,5%. Asimismo, precisa que el tamaño medio creció un 23,7% para situarse en las 73,1 hectáreas. Algo que ha logrado que en esos siete años la superficie agraria prácticamente se haya mantenido con una leve reducción entre los 5.286.497 hectáreas de 2023 y los 5.327.061 hectáreas de 2016.

Un análisis pormenorizado del tamaño de las explotaciones desvela que el 24% tienen 100 hectáreas o más; el 15,5% de 50 a 99,99 hectáreas; el 10,5 % de 30 a 49,99 hectáreas; el 7% de 20 a 29,99, y el 11% de 10 a 19,99. Por debajo de las diez hectáreas se suma más de 31%. «Es cierto que hay una merma importante cada año que se hace con motivo de que se jubilan más agricultores de los que se incorporan, y también por que las explotaciones que tenemos están muy tecnificadas, con mucha maquinaria, que hace que se pueda producir lo mismo, aunque haya menos propietarios de explotaciones», indica el presidente regional de Asaja.

Sobre las posibles soluciones, el secretario de UCCL apela a poner en marcha la ley de la Cadena Alimentaria para evitar que se venda por debajo de costes de producción. «Para eso necesitamos que se publiquen los costes de producción como llevamos reclamando varios años, es una ley con buenas intenciones, pero en la práctica no es una herramienta útil porque no hay costes de producción publicados», lamenta. En esta línea, resalta que en Castilla y León sólo se han publicado los costes del viñedo, poniendo el foco en la necesidad de conocer más datos «como en el ovino, que estamos en una crisis muy importante, necesitamos que la Consejería publique los costes de producción, que sirvan de referencia a la hora de negociar precios».