El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, aseguró este viernes que los jueces no son responsables de las excarcelaciones y rebajas de penas en virtud de la entrada en vigor de la ley de libertad sexual, más conocida como 'solo sí ... es sí'. «Somos conscientes de las dificultades jurídicas y la alarma social, justa, que se ha producido. Cuando una ley se ve que es imperfecta, se resuelve en el Parlamento. Los jueces no tienen la culpa, no son responsables», sostuvo el dirigente eclesial en su primera comparecencia ante la prensa después de ser elegido por la asamblea plenaria de obispos secretario general de la institución. García Magán, que sustituye a Luis Argüello, que deja el cargo para dedicarse a tiempo a completo al arzobispado de Valladolid, sostuvo que es el Parlamento el que debe corregir las «lagunas e imperfecciones» de la norma.
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El portavoz de los prelados echó mano de una comparación para ilustrar su opinión de que los magistrados son meros intérpretes de las leyes. «Lo que hacen es aplicar la ley, son como un cocinero que prepara los alimentos que se le dan. Si alguien le da un chuletón y le dicen: '¿Por qué no me has hecho pescado?, pues replicará: 'porque me has dado carne'».
A propósito de la nueva ley de familia que aprobará el Gobierno a iniciativa de la ministra Ione Belarra y que apuesta por la diversidad de modelos familiares, García Magán lamentó que leyes que exigen grandes consensos se dicten sin consulta ni debates previos. «En el contexto de una sociedad democrática y plural, la Iglesia tiene el derecho de vivir según su modelo y de proponerlo. Sería bueno el consenso, porque sin quitar valor a la democracia representativa, el núcleo de la democracia no está únicamente en que cada cuatro años depositemos una papeleta en la urna, eso también se hace en regímenes totalitarios».
Los obispos hubieran querido haber sido consultados sobre la iniciativa. Ellos defienden el «modelo de familia del Evangelio», lo que no significa ninguna «condena o exclusión». García Magán arguyó que «el matrimonio no es un invento de Jesucristo, sino que «ya existía en el derecho romano y griego». «Lo que hace Jesucristo es coger esa institución preexistente y decir que cuando se da entre cristianos es un sacramento».
A la vista de la celebración este viernes del Día para la Eliminación de la Violencia de Género, el secretario general y obispo a auxiliar de Toledo se mostró alarmado por el hecho de que este problema crezca en personas jóvenes que han sido educadas contra ella. «Hay algo que no funciona», sentenció.
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El nuevo rostro visible de la Iglesia quitó hierro al asunto de que en la votación por la que fue elegido se registraran cinco votos en blanco, lo que ha sido interpretado por algunos como un síntoma de división en el seno de la Iglesia. «Esos obispos están en su legítimo derecho, total y absoluto, de votar conforme a su conciencia», alegó García Magán, quien adujo que la opción de votar en blanco supone más un alineamiento con lo que dice la mayoría que un aviso de discrepancia.
La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal ha aprobado un nuevo protocolo para prevenir los abusos sexuales dentro de la Iglesia, un documento que pretende «encauzar, dar una respuesta, en justicia y caridad, a las víctimas del pasado, pero también mirar al presente y al futuro». El texto incluye el concepto de «justicia restaurativa», según aclaró García Magán, quien aseguró que no hay constancia de que ningún prelado esté siendo investigado por pederastia. El portavoz de la Conferencia Episcopal aseveró que la Iglesia prevé conceder indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, como ya se ha hecho en el ámbito penal cuando han resultado condenados sacerdotes y religiosos.
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En cuanto al 'caso Gaztelueta', en el que los tribunales condenaron a dos años de prisión a un profesor del colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa (Vizcaya) por abusos sexuales a un alumno, García Magán alegó que, aunque la ley carece de irretroactividad, «el Papa en este supuesto parece que ha hecho una derogación de ese principio». Y es que Francisco ha ordenado reabrir el expediente con el fin de que la justicia eclesiástica vuelva a indagar en el asunto. El pontífice ha hecho caso al padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, diputado del PSOE y fundador de la asociación Infancia Robada, quien aduce que su hijo, aparte de ser vejado, fue engañado por un clérigo con una artimaña para sonsacarle información.
Los obispos no están preocupados por la visita canónica que representantes del Vaticano realizarán a partir de enero a los seminarios españoles. «Se ha acogido con un gesto de solicitud, de agradecimiento al Papa, sin ningún sentido alarmista.
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