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doménico chiappe
Domingo, 18 de septiembre 2022, 00:11
Mientras los técnicos con herméticos trajes de seguridad y botellas de oxígeno entran en uno de los principales bares del Paseo Marítimo de Puerto Naos, centro turístico en el suroeste de la isla de La Palma, para detectar las salidas de CO2 y otros gases tóxicos, Carmen Castro, su propietaria, aguarda fuera. Ha pedido permiso para llevarse algunas de sus neveras y limpiar la ceniza que sigue entrando. «El regreso se está alargando y hay mucha incertidumbre. Es tanto el tiempo que te vas acostumbrando y la cabeza da muchas vueltas. Por eso nos planteamos abrir en otro lugar», explica Castro, que apunta a la huida que ya otros bares emblemáticos de este polo de comercio y turismo han emprendido.
El suyo, llamado Beach Bar, daba empleo a cuatro personas desde hacía nueve años. «Me estoy llevando los muebles antes de que se estropeen». De 48 años y con familia en el norte de la isla, Carmen Castro tuvo dónde dormir desde el primer día que estalló el volcán de Cumbre Vieja -mañana hace un año- y desalojaron los poblados amenazados. La huella perpetua de la lava se petrificó muy cerca de allí, sobre varias comunidades aledañas. En Puerto Naos y La Bombilla, aunque no fueron arrasados por el ímpetu volcánico, los gases tóxicos no han dejado de brotar. Y los vecinos no han podido volver a sus hogares nueve meses después que terminara la emergencia.
La medición de monóxido y el dióxido de carbono, metano, ácido clorhídrico y radón, entre otros químicos, demora algunos minutos. Los técnicos revisan el alcantarillado y los baños, por donde los gases del magma encuentran su salida natural desde unas fisuras de varios kilómetros de profundidad, explica Rafael García, director técnico de Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Palma, encargado de monitorizar este fenómeno desde el 23 de noviembre, cuando se detectó la amenaza de los gases tóxicos. Desde entonces ha acompañado a más de 700 vecinos a recoger sus cosas, desde papeles y fotografías hasta ropa. Sin esta medida de seguridad ningún habitante o empresario está autorizado a entrar a su vivienda o negocio. Aunque ha pasado el tiempo, el peligro se mantiene. «En las últimas semanas ha subido el nivel de los gases», advierte García. «Desde junio no ha habido mejorías y en algunas zonas ha empeorado».
Del Beach Bar sale Jordana Rodríguez, técnico de apoyo del cabildo, y se quita el casco y la máscara antigás. Examina los resultados y permite entrar. Cuando Castro traspasa su portal, Rodríguez prosigue las mediciones en otros locales. En un sótano, unos pasos más allá, se enciende la alarma. Hay 13% de oxígeno y 300.000 partes por millón de monóxido. «Son niveles letales. Por debajo del 15% puedes morir», indica García. Algo parecido ocurre en un garaje cercano, donde hay varias tórtolas muertas por inhalación de gases. En estos casos, Rodríguez y su compañero no están más de cinco minutos dentro.
Un año después de la erupción que duró 85 días se han entregado 535 millones de euros en ayudas pero los afectados han tenido dispares destinos. Están los 139 beneficiados con una casa del Cabildo por tres años, los que se acomodaron con familiares y los que emigraron (sin registros); los 489 propietarios que recibieron las ayudas tanto de Gobierno regional como central, que llega a 90.000 euros además de otras partidas de asistencia; los que cobraron los seguros -en pleno estallido se suscribían pólizas-; los que han logrado reconstruir su cotidianidad y los que todavía viven en la incertidumbre. En las zonas aún deshabitadas vivían cerca de mil vecinos, según datos de la Consejería de Medio Ambiente. Una décima parte, 104, siguen alojados en hoteles con un coste de 4 millones de euros hasta la fecha.
Entre ellos se encuentra Marisa Álvarez, que salió de Puerto Naos con lo puesto y sus suegros nonagenarios. A uno de ellos lo vio morir en plena catástrofe y ahora cuida de su madre, recién operada. «La gente quiere entrar a sus casas a lo loco, pero si nos mantienen en el hotel será por algo», comenta. Con motivo del primer aniversario de la erupción, se ha organizado una protesta en ese enclave costero. «Hay personas que no creen que haya gases, otros que creen que se irán si ventilamos mejor. Queremos más transparencia», reclama Castro, mientras mira la playa de negra arena. «Siempre ha sido de ese color», aclara. Ella también regentaba el alquiler de las hamacas y preparaba la apertura de otro restaurante junto a su marido y su hija. «Los vecinos están desesperados», resume.
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La reconstrucción va a cuentagotas. En números, se han abierto «más de 7.800 expedientes de vivienda, comercio y terrenos agrícolas, que benefician a unas 15.000 personas, de los que falta por resolver menos del 4%», calcula Sergio Matos, coordinador de la Oficina de Atención a los Afectados del Volcán. Este servicio ha invertido 242 millones de euros en el alojamiento de los afectados y destinado unos 15 millones de euros en ayudas al sector platanero, 77 millones a las empresas y autónomos y 88 millones al plan de empleo público, con los que, por ejemplo, se contrataba a los limpiadores de ceniza. Unas 4.400 personas fueron empleadas con esta medida excepcional. Los restos de ceniza, un año después, van desapareciendo de la isla.
Un año después que los cráteres abiertos en Cumbre Vieja derramaran su lava sobre el oeste de La Palma, la mayoría del paisaje se encuentra tal como lo dejó el volcán al dormirse. En las zonas arrasadas prevalece el negro de las coladas solidificadas, como la que cubrió Todoque y por donde se abre ahora una carretera, todavía en construcción aunque transitable, que une La Laguna con Las Manchas. Esta vía que evita un rodeo de un par de horas para llegar de un barrio vecino a otro, disecciona el corazón de la isla desolada con el trabajo de la maquinaria pesada, sobre terrenos en los que se advierte la presencia de gases tóxicos y «zonas calientes».
Taladas las montañas de piedra nueva que hacen parecer de juguete a los tractores quedan los vestigios de lo que fue un poblado de «casas terreras» -como llaman a las construcciones con huerto, la mayoría de varias plantas o con viviendas satélites para familiares de los propietarios originales en parcelas de al menos mil metros cuadrados-. Hay incrustados paredes y techos que rompen la monotonía de un oscuro cuadro que va desde la montaña hasta el mar. Este camino vuelve a permitir una ruta circular por esta isla montañosa y revive la región de Los Llanos de Aridane donde, según datos oficiales, habita más de la tercera parte (35.000 personas) del censo isleño, con unos 7.500 afectados por un volcán que aún no tiene nombre, aunque se le conozca como Cumbre Vieja y en consultas digitales se eligiera Tajogaite (montaña rajada, en guanche).
Además de reabrir las vías de comunicación, ya maltrechas antes del desastre natural, y atender a los ciudadanos que siguen sin casa, los retos pasan por las finanzas. «Hay una paralización de la economía del valle, la productividad ha bajado, se han perdido medios de trabajo y hay gente que se ha ido de la isla», analiza Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Pevolca durante la emergencia que acabó el 25 de diciembre. Sobre la emigración de palmeros no hay datos oficiales pero se calcula que podrían rondar los 3.000. «Mi futuro no está aquí, en esta isla», reconoce Leticia García Sánchez, madre de tres menores que perdió su casa en Los Campitos.
Los pilares del turismo y la agricultura sostienen las finanzas de la isla. Ambos se encuentran maltrechos, aunque el volcán, debido a la fascinación humana por la naturaleza, fuera un atractivo turístico estos últimos meses. «Este verano hemos tenido la mayor conectividad de la historia y llegaron momentos de colapso», afirma Raúl Camacho, concejal de Turismo de La Palma. «Porque antes había unas 16.000 camas, pero 1.200 se han perdido y otras 5.000 están en las zonas de exclusión». En este 40% menos se incluyen los 'apartamentos turísticos' que las familias construyeron dentro de sus casas terreras y el cierre de uno de los tres grandes hoteles, el Meliá de Puerto Naos.
La agricultura asentada sobre todo en el cultivo de plátanos tambalea por la falta de agua, rotos los sistemas hídricos. «Un año después no es la lava sino la sequía, ya hemos perdido una cosecha y va camino a la segunda», advierte Víctor Bonilla, agricultor con fanegas en varios puntos de la isla. «Un año después ya tendría que estar el agua. Hay dejadez para reconstruir estas obras vitales».
Y en una isla de unos 700.000 km2, la propiedad del suelo afectado es un asunto espinoso. «El suelo no es el mismo que había antes. Había vaguadas (amplían la superficie con el desnivel) y ahora es todo plano y ya no entra la misma cantidad de casas», explica Morcuende. Así que la esperanza de volver a sus propiedades se desvanece para muchos isleños.
El colofón de estas historias está tatuado en la nuca de una joven: «Siempre para adelante». El lema que guía a La Palma un año después del estallido del volcán.
D. Chiappe
la palma. Los afectados por el volcán de La Palma tienen un permiso especial para construir en suelo rústico, donde otros sólo pueden darle uso agrícola. Después de perder su casa de Los Campitos en las primeras horas de la erupción, Leticia García Sánchez comenzó la búsqueda. «Preguntamos por un terreno que tenía un cuarto de aperos, me encantaba y valía 40.000 euros. Pero el dueño me preguntó si éramos afectados por el volcán y al saber que sí, me lo subió a 70.000 porque a mí sí me dejaban construir». Dice que ha recibido 6.000 euros en dos ayudas regionales, pero todavía no la indemnización por la casa. «Lo que costaba 15 euros el metro cuadrado ahora está en 35. ¿Cómo levantas una casa con esos precios?», reclama.
En la Oficina de Atención a los Afectados por el Volcán son conscientes de la especulación que afecta a los suelos y alquileres. «Si costaba 470 euros ahora está en casi 800», dice Matos. Las razones son las ayudas que reciben los interesados, el permiso que tienen los afectados a construir donde está vedado para otros y la pérdida de superficie útil, aunque apenas sea del 1% bajo la lava, además de las zonas todavía excluidas. La «afectación» es del 12%, dice el cabildo, y el metro cuadrado de los terrenos rústicos ha pasado de 5 a 70 euros.
Mientras se especula con el suelo, un misterio sigue abierto en la isla. Un hombre de 72 años fue a limpiar ceniza a una de las casas de sus hermanas en Las Manchas y no volvió vivo. Julio A. C. falleció en noviembre durante la emergencia volcánica pero no se le incluye en las estadísticas. Oficialmente no hubo víctimas mortales por la erupción del Cumbre Vieja. Pero las causas de esta muerte todavía se desconocen. La autopsia no se hizo en La Palma, que no tiene Instituto Anatómico Forense, indica una fuente, y las autoridades consultadas desconocen a dónde llevaron el cuerpo. Pudo inhalar gases tóxicos, con lo que se atribuiría su deceso al volcán, o tener una 'muerte natural'. Si los resultados fueron enviados, se han perdido o guardado sin ruido. «Entró con un grupo y el hombre no salió», dice una fuente. «Los acompañantes pensaron que se había ido antes y en la noche sus familiares hicieron la denuncia».
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