La Iglesia española pagará dos impuestos de los que ahora estaba exenta, el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el relativo a las Contribuciones Especiales, unas excepciones que estaban contemplados en los Acuerdos con la Santa Sede. El acuerdo representa «el final de los ... privilegios de la Iglesia en materia fiscal», resaltó este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
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«Este acuerdo supone que los ayuntamientos, que son los encargados de recaudar estos impuestos, tanto el de licencia de obra como las contribuciones especiales, recaudarán más de 16 millones de euros al año; serán ingresos que tendrán los ayuntamientos y entidades locales», explicó Bolaños, que se felicitó por que la Iglesia será tratada, a partir de ahora, «como cualquier entidad sin ánimo de lucro en España». El acuerdo afecta a todas las parroquias, edificios de la Conferencia Episcopal, congregaciones religiosas y colegios de estas congregaciones.
Para cumplir con el pacto, el Gobierno ha derogado la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se regula la inclusión del IOC en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. En un comunicado conjunto, el ministerio y la Conferencia Episcopal señalaron que el acuerdo, «fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad», se desarrolla «en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación».
Bolaños subrayó que las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia «avanzan mirando por el bien común», buscando lo que «une a ambas instituciones», aunque admitió que también existen «algunas diferencias».
Por su parte, Bernardito Auza, mostró su apoyo al acuerdo. «Estoy seguro de que las dos partes están satisfechas, tienen satisfacción. Es normal que haya una evolución espero muy positiva», aseguró.
«Es una decisión compartida con el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Santa Sede en el contexto de la ley de mecenazgo», aclaró, y resaltó, en línea con el Ejecutivo, que supone «una equiparación con los otras entidades sin fines de lucro», aunque negó que el estatus anterior supusiera «un privilegio», sino «un derecho» en virtud de un acuerdo internacional entre dos Estados. «Cuando se habla de acuerdo bilateral y tratados internacionales se habla de responsabilidades y derechos», recordó.
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El pacto se hizo efectivo mediante el correspondiente canje de notas (un tratado constituido por un intercambio de notas diplomáticas) entre Bolaños y el nuncio apostólico, el arzobispo Bernardito Auza, que se reunieron, acompañados por el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, en el Palacio de Santa Cruz de Madrid, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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