Los cónsules españoles casarán a homosexuales donde no esté prohibido

Hoy, víspera del Orgullo, el Consejo de Ministros dio el respaldo definitivo y remitió al Congreso para su aprobación urgente la 'ley trans'. Es la norma que reconoce el derecho de autodeterminación de género a los transexuales, que permite el cambio oficial de sexo desde los 12 años, que prohíbe las terapias para 'curar' a gay, lesbianas o bisexuales y las castiga con durísimas multas, que blinda el derecho gratuito a las técnicas de reproducción asistida de todos estos colectivos, incluidos los trans con capacidad para gestar, y que por primera vez reconoce y protege a las víctimas de la violencia entre parejas de igual sexo, entre una larga lista de medidas.

El texto final, además de todas esas medidas y de los matrimonios en consulados, incluye otras novedades relevantes como la autorización a los inmigrantes para que cambien su nombre y sexo en el Registro Civil español solo con que puedan acreditar que este tipo de modificación es algo imposible de realizar en su país de origen. La norma también obligará a que las universidades formen en diversidad sexual a los docentes, sanitarios y juristas para que estos profesionales, claves en la vida social, puedan actuar en consonancia y sin prejuicios en sus respectivos ámbitos laborales.

La 'ley trans' partió para el Congreso justo un año después de que el Gobierno validase su primer borrador y tras casi dos años de esquivar un auténtico campo de minas político, con peleas entre los propios socios gubernamentales y con fuertes cuestionamientos externos a determinados aspectos del proyecto, como los del Poder Judicial.

El «por fín» con el que hoy Irene Montero, principal promotora del proyecto, saludó la aprobación por el Consejo de Ministros es expresiva del esfuerzo que hay detrás. Tuvo que mantener un durísimo pulso con la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que, como buena parte del movimiento feminista clásico, se opone a la autodeterminación de género de los trans. El apoyo cerrado del movimiento LGTBI a los argumentos de la titular de Igualdad decantó hace un año de su lado el favor del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y precipitó la salida de Calvo.

Las principales organizaciones LGTBI apoyan el contenido del proyecto, que han ayudado a redactar, pero aspiran a encontrar apoyos entre los grupos parlamentarios para incorporar vía enmienda otras aspiraciones adicionales. Entre ellas están rebajar la autodeterminación de género con permiso paterno al menos hasta los 12 años (sin intervención del juez); el reconocimiento, con su propia y tercera casilla en el DNI, de los no binarios, quienes no se identifican con las categorías sexuales o de género existentes; y extender los derechos de la norma a todos los inmigrantes trans, tengan papeles o no.

Estos son los puntos centrales del proyecto de ley:

El cambio de sexo registral no volverá a exigir pruebas médicas como condición indispensable para concederlo. La transexualidad es una opción personal, no una enfermedad, por lo que no hará falta ni declaración de testigo alguno que corrobore su veracidad ni los informes médicos y psicológicos o los dos años de tratamiento hormonal que se exigen hasta ahora.

La ley permite la autodeterminación de género de los transexuales. Todo residente en España mayor de 16 años podrá cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil simplemente con pedirlo. Los de 14 y 15 también tendrán igual derecho, pero deben contar con el respaldo de sus padres o tutores (o de la Fiscalía). Los adolescentes de 12 y 13 podrán cambiar el sexo registral, pero necesitan autorización judicial. Un juez determinará su grado de madurez y la firmeza en el deseo de transexualidad.

Los menores de 12 no podrán cambiar el sexo registral, pero sí son libres de cambiar su nombre por el que consideren más acorde a su identidad. Ese cambio de nombre despliega derechos en el trato en el colegio y en las actividades deportivas.

El cambio de sexo registral comienza con la comparecencia del interesado, que debe rellenar un formulario y escuchar las consecuencias jurídicas de su decisión. En un máximo de tres meses, volverá al registro a ratificar su reclamación. Un mes después recibirá la resolución oficial.

Hay una cláusula de seguridad para evitar que alguien juegue con la norma o cometa fraudes de ley. Una vez concedido el cambio de sexo registral, y pasados seis meses en los que puede revocarse, la operación ya no podrá revertirse libremente. Si alguien quisiese volver a su sexo oficial originario tras el plazo de seguridad tendrá que acudir a pedirlo a los tribunales.

El texto prohíbe las supuestas terapias para 'curar' a personas LGTBI, las llamadas terapias de conversión o aversión y sancionará con multas de hasta 150.000 euros a quien las ofrezca o realice.

Se garantizan por ley las técnicas de reproducción asistida públicas y gratuitas para lesbianas, bisexuales, mujeres solas y ciudadanos trans con capacidad para gestar. Se blinda a estos colectivos contra exclusiones de la prestación como la que decidió el PP en 2014.

Garantiza la inscripción como progenitor legal de la pareja de una madre lesbiana o bisexual aunque no estén casadas.

Se prohíben las operaciones de modificación genital en recién nacidos intersexuales y hasta los 12 años salvo necesidad médica. De los 12 a los 16 años solo serán posibles si las pide el propio interesado y demuestra que cuenta con la madurez suficiente para autorizarlas. Concede un plazo de un año para que los padres de estos bebés definan su sexo en el registro.

La ley reconoce como víctimas a efectos legales y otorga una protección integral por primera vez a las víctimas de la violencia intragénero (parejas del mismo sexo). Se quiere afrontar una lacra oculta que puede afectar hasta a un tercio de las parejas gay y lesbianas.

La ley obliga a que el currículo educativo fomente el respeto a la diversidad sexual en todas las edades; prohíbe discriminaciones laborales a LGTBI; prevé medidas de acción positiva para el acceso al empleo de trans y una asistencia sanitaria integral; y estrategias nacionales para la no discriminación LGTBI y para la inclusión social de los trans.

Incluye sanciones a quienes discriminen a las personas LGTBI. Como norma general y si hay indicios, se invierte la carga de la prueba y será el denunciado quien tenga que demostrar que no discrimina para eludir la multa. Hay sanciones leves (hasta 2.000 euros), graves (hasta 10.000) y muy graves (de 10.001 a 150.000). Se sancionarán con las multas máximas las supuestas terapias de conversión; el acoso o la represalia por orientación sexual; el uso de libros de texto que señalan como inferiores a estos colectivos; o quien les discrimine en el acceso al empleo o la vivienda.

La reincidencia, la revictimización secundaria o la trascendencia social de los hechos serán criterios a tener en cuenta a la hora de determinar las multas y actuarán como agravantes para dirigir las sanciones a la parte alta de la horquilla. Estas sanciones pueden venir acompañadas, además, de medidas accesorias como la supresión de ayudas públicas, la prohibición de contratar con la administración o el cierre del establecimiento.