El Gobierno tiene seis meses para crear el comisionado contra la discriminación

La lucha contra la discriminación y la imposición de duras sanciones a quien veje o margine a una persona por su lugar de origen, etnia, edad, sexo, ideas, religión, orientación sexual, estado de salud o situación socioeconómica es una obligación de la administración competente en cada caso. No obstante, este comisionado especial vigilará, actuará y empujará para que nadie se ponga de perfil o mire para otro lado ante las violaciones de derechos –como ocurre hoy con frecuencia– y para que las víctimas cuenten con la orientación y el apoyo precisos para que se atrevan a dar el paso de la denuncia.

La autoridad independiente será un organismo autónomo presidido por una personalidad de reconocido prestigio en la lucha contra la discriminación, lo suficientemente respetado como para que el gran activo de la institución sea la 'auctoritas' de quien la lidera. Muy similar en diseño al Defensor del Pueblo.

Sus funciones, además de recibir y tramitar las quejas y reclamaciones de los discriminados, de asesorarlos y protegerlos, serán investigar estas violaciones (tanto de oficio como a demanda), reclamar a las administraciones la sanción de estos comportamientos, la comunicación de casos a la Fiscalía y la representación de las víctimas ante los tribunales. También ejercerá como órgano de mediación y conciliación para la resolución del litigio si ambas partes lo autorizan, emitiendo eso sí un fallo de obligado cumplimiento y pondrá fin a la vía administrativa.

La ley de igualdad de trato y no discriminación, más conocida como 'ley Zerolo' –este jueves se aprobó de manera definitiva en el pleno del Congreso–, ordena al Ejecutivo que tenga este comisionado dotado de medios y personal como tarde para final de este año.

El futuro presidente se lo propondrá el Gobierno al Congreso, pero será la Cámara Baja, después de que los diputados examinen su idoneidad, quien deba aprobar al candidato. Si lo rechaza, el Ejecutivo tiene tres meses para remitirle otro nombre.

La idea es que el elegido ejerza su puesto con independencia y autonomía, incluso de quienes le nombraron. La aprobación es por mayoría absoluta (lo que exige amplio acuerdo) y el mandato de cinco años no será renovable, a fin de evitar presiones de cara a la reelección. Con igual fin, solo puede ser cesado por motivos tasados, que eviten la discrecionalidad. Solo cabe su renuncia o su cese por incompatibilidad, incapacidad permanente, condena firme por delito doloso o incumplimiento grave de sus deberes.

No obstante, los meses de espera del comisionado no frenarán la aplicación de la ley, que entrará en vigor en su totalidad de inmediato: al día siguiente de que la publique el BOE, que será no más tarde de la próxima semana. Las administraciones competentes aplicarán la sanciones (de hasta 150.000 euros), que además pueden ir acompañadas en las faltas muy graves de cierres temporales y pérdidas de subvenciones o de contratos. Estos castigos solo le serán de aplicación a los nuevos expedientes.