Discriminar en España ya no saldrá gratis

La norma que castiga el prejuicio, la marginación, las vejaciones o la exclusión contra cualquier ciudadano, sea como sea o venga de donde venga, sale adelante en vísperas de la fiesta del Orgullo por abrumadora mayoría. La respaldan dos tercios del Parlamento, todos los grupos salvo de PP y Vox. A favor de la ley, que entrará en vigor en cuestión de días, en cuanto el Congreso ratifique las enmiendas de última hora del Senado, votaron los dos socios del Gobierno, ERC, Ciudadanos, PNV, JxCat, EH Bildu y todos los minoritarios.

La ley no crea nuevos derechos, pero se afana en que se respeten todos los existentes. Su razón de ser es que nadie puede ser discriminado por su lugar de nacimiento, etnia, edad, sexo u orientación, religión, convicciones, discapacidad, religión o situación socioeconómica. Busca que la máxima deje el plano teórico y sea una realidad en el día a día, en la escuela, la sanidad, la vivienda, el empleo, la policía y los tribunales, las compras, el acceso a locales públicos o en el mundo digital. De hecho, en este plano incide una de las novedades introducidas en el Senado, a propuesta del PNV, que obliga a todo sitio web o aplicación informática a ser accesible para cualquier usuario, con especial atención a las personas mayores o con alguna discapacidad.

Persigue los comportamientos que no son delito, pero sí discriminación y discurso de odio, tanto en el ámbito público como en el privado, y establece obligaciones y sanciones que pueden llegar al medio millón de euros.

La persecución de la discriminación y la imposición de sanciones es tarea de la administración concernida en cada caso. Pero, se crea la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, un cargo unipersonal y con autonomía funcional, similar al Defensor del Pueblo, que propondrá el Gobierno y ratificará el Parlamento por un plazo de cinco años. Apoyará a las víctimas, será órgano de mediación, investigará de oficio o a demanda, impulsará acciones judiciales y reclamará sanciones administrativas.

Como ejemplos de los comportamientos a desterrar o castigar están evitar que a alguien se le niegue un alquiler o la compra de piso por ser gitana, la entrada en una discoteca o en un comercio por ser inmigrante, discapacitado o negro, recibir tratamiento médico por ser lesbiana o que pierda el trabajo por llevar hiyab.

La norma incorpora medidas como la revisión de los algoritmos que usa la Administración en la toma de decisiones, para evitar que tengan sesgos discriminatorios, o la pérdida de la subvención de los centros educativos que obstruyan el acceso de alumnos por sexo u otras características personales.

Las sanciones irán de leves (300 a 10.000 euros) a graves (10.001 a 40.000) o muy graves (40.001 a 500.000). Las más graves son la discriminación múltiple, el acoso y la presión a la autoridad. Las multas de más de 300.000 euros las impondrá el Consejo de Ministros. El dinero irá a sensibilizar contra estos prejuicios.

Para graduar el variado abanico de sanciones se tendrá en cuenta la intencionalidad, el daño, los afectados, la reincidencia, la repercusión social. La multa siempre llegará al tope si la comete un trabajador público en su función.

Un elemento trascendental para el éxito de la ley es que invierte la carga de la prueba. Si hay indicios fundados de discriminación será el sospechoso quien deba probar que no la cometió.

Una enmienda de PSOE, Podemos y Cs reforma el Código Penal y convierte el antigitanismo, la incitación al odio o la discriminación de esta etnia, en un delito idéntico al antisemitismo o al racismo (1 a 4 años de cárcel).

Las faltas muy graves, además de multas, pueden acarrear pérdidas de ayudas o contratos, pago de indemnizaciones o el cierre del local o el cese temporal de la actividad profesional por un máximo de cinco años. Para casos leves y graves, las multas se podrán sustituir por cursos o labores de reparación del daño.

La norma modifica el Estatuto Fiscal para consagrar por ley la existencia de la Fiscalía de Delitos de Odio con la máxima categoría y con delegados y medios propios en todas las provincias.