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El 'caso Corchado', las acusaciones de malas prácticas científicas del nuevo rector de la Universidad de Salamanca para engordar su currículo con supuestas autocitas en artículos, llega este jueves al máximo órgano de gobierno de la ocho veces centenaria universidad. De esta forma, Juan Manuel Corchado cumple con el compromiso verbalizado hace unos días de resolver en este órgano el proceso de investigación que se le pide para esclarecer la polémica en torno a su trayectoria como investigador.
En concreto, el quinto punto del orden del día, figura de la siguiente manera: «Adopción de acuerdos, si procede, sobre informe del Comité Español de Ética de la Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de fecha 11 de junio de 2024». El tenor de los acuerdos o pronunciamientos que plantea el consejo se desconoce, igual que su eficacia o consecuencias.
Esta es la forma en la que Corchado plantea resolver una de las peticiones de este citado informe, en el que el comité pedía «actuar» tras infringir el rector entonces electo las buenas prácticas científicas. Una manera de salir al paso de la polémica y acometer los numerosos frentes que se le han abierto desde que el grupo de expertos le señala por ir contra las normas éticas en ciencia, aunque no existe una acusación concreta contra él.
En su informe, el Comité de Ética de la Investigación consideraba que «algunos de los hechos públicos podrían conculcar las buenas prácticas científicas», en referencia no sólo a informaciones periodísticas, sino también a la documentación que había recabado. Además, pedía aclaraciones sobre un nuevo hecho, el presunto borrado de documentos de un repositorio científico de la Usal.
Ese informe es el que hizo explotar la cuestión tras varias publiaciones en el diario 'El País'. El día 17 de mayo este diario pudo confirmar que el Ministerio de Ciencia había pedido a un comité de expertos independientes una investigación sobre «las prácticas científicas» en la Usal que se refería al ahora rector. El encargo se hizo el 3 de mayo cuando el ministerio solicitó al Comité Español de Ética de la Investigación un informe sobre Corchado. Lo hizo cuatro días antes de las elecciones en las que era el único candidato y que ganó.
En el informe no se cita expresamente al rector de la Usal, pero sí a la Universidad de Salamanca e incluye algunas referencias directas a Corchado sobre prácticas para aumentar su relevancia científica con multitud de autocitas a sus propios trabajos salidas de su grupo de investigación.
El comité recomendaba «la necesaria verificación» de las acusaciones y pedía desplegar «un proceso contradictorio por parte de las instancias competentes», un contencioso en el que Corchado tendría que defenderse de la universidad que dirige.
Días después, se conoció el contenido del informe que hablaba de conculcación de las buenas prácticas científicas y la Usal se comprometió a estudiar el documento que acusa a su propio rector. Al saberse que planteba un contencioso en el que el rector presentara sus argumentos ante la propia Usal, 150 profesores firmaron una carta para solicitar un proceso independiente.
El propio Corchado anunciaba que se inhibiría en el proceso y que se resolvería en un consejo de Gobierno, que es lo que se va a hacer ahora, pero no sin que se le hayan abierto otros frentes.
Días después, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) emitía un comunicado en el que asegura que es «imprescindible» que, «con celeridad», el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o la autoridad autonómica competente articulen la puesta en marcha de una comisión independiente capaz de verificar las presuntas malas prácticas del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado.
Asimismo, COSCE, formada por 42 sociedades científicas, incide en que se necesita impulsar desde dentro de la propia universidad la convocatoria de nuevas elecciones y la presentación de al menos una candidatura alternativa.
Días después, la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, aseguraba que estarían «encantados» de aportar expertos para participar en una investigación independiente al rector.
«Si desde la institución correspondiente se solicita a CRUE colaboración para participar en una investigación independiente, estaremos encantados de aportar expertos que puedan de alguna manera ayudar y, sobre todo, ratificarnos en esa honestidad científica que nos caracteriza como universidades y que hace que tengamos un prestigio en el que confiar».
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