Mi familia y mis amigos me preguntan por qué me he unido a otros doce compañeros afiliados del Partido Popular para interponer una demanda contra nuestro propio y querido partido. Para contestarles a ellos, y a todos los que os preguntáis qué está ocurriendo en ... el Partido Popular de Salamanca, he escrito esta carta. ¿Por qué me he metido en este lío, que sólo me traerá disgustos y sinsabores? Eso me dicen. Y no les falta razón. Pero me vienen a la cabeza tantos motivos, tantas certezas y tantas convicciones personales, que desaparecen todas mis dudas. Desde hace tiempo, los afiliados del Partido Popular de Salamanca padecemos una absoluta vulneración de todos y cada uno de los derechos más elementales de cualquier afiliado a cualquier partido o asociación política. Por eso, lo primero que os diré es que lo he hecho por dignidad, por justicia y porque no quiero que la falta de libertad sea el Primer Mandamiento de mi partido. Y porque mi conciencia no estaría tranquila si hubiera mirado para otro lado. Me duele mi partido, el Partido Popular al que siempre he defendido y al que represento como cargo público. Sólo soy una humilde alcaldesa de un humilde pueblo de la provincia de Salamanca. Mi poder o capacidad de acción son muy limitados ante la imposición de «los que mandan» en mi propio partido, frente a su decisión de incumplir flagrantemente los estatutos al no convocar un congreso provincial en el que todos los afiliados podamos expresarnos con total libertad y elegir libremente a nuestro presidente. Cierto es que no estoy sola, ya que son muchos los compañeros afiliados que tampoco están dispuestos a permitir que sus derechos sean avasallados y, peor aún, que nuestro querido partido sea utilizado como un negocio privado al servicio de los intereses particulares de unos cuantos.
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Por todo esto, he encabezado junto a otros doce afiliados y compañeros, una demanda. Lo único que pedimos en ella es la celebración de un congreso que debería haberse celebrado hace casi dos años. Sólo pedimos el cumplimiento de nuestros estatutos, en definitiva, de la ley. Con nuestra demanda también decimos alto y claro que no aceptamos la gestora que dirige el partido desde hace dos meses, y que fue impuesta sin contar con la voluntad y la voz de los afiliados.
Hemos recurrido a todas las instancias, organismos y personas posibles para pedir auxilio y que esta irregularidad, única en España, se solucionara de manera interna, sin ruido, sin noticias. Pero nadie a nivel provincial, regional o nacional ha movido un solo dedo. Al contrario, lo único que hemos recibido a cambio han sido desaires, provocaciones, y presiones. Algunos no han sido lo suficientemente valientes o íntegros para continuar. Y habrá más llamadas «de arriba» para hacernos desistir, pero somos ya muchos y no vamos a tirar la toalla porque nos avalan la verdad y la justicia. Ahora nos dicen que ninguno de los que hemos encabezado la demanda vamos a estar en ninguna lista del partido popular para las próximas elecciones locales. Eso, ¿qué es? ¿una amenaza? O quizá sea esa la manera de «coser» el partido, a la antigua usanza, como los de antes…. Confiaremos en las palabras del Vicesecretario, Miguel Tellado, cuando nos garantizó que nadie sería castigado por tener opinión, y por exigir lo que es justo. Porque todos y cada uno de nosotros, que llevamos muchos años trabajando en nuestros pueblos y por nuestros vecinos, queremos seguir haciéndolo. Y una disputa interna en un partido político nunca debe trascender ni afectar a los ciudadanos.
El próximo viernes día 20 de enero de 2023, se celebra la vista para las medidas cautelares de nuestra demanda, y la juez deberá decidir si tal y como solicitamos, procede celebra inmediatamente el congreso provincial para que los afiliados sean escuchados y restablecer así la legalidad y la normalidad en el Partido Popular de Salamanca. Nuestro presidente Feijóo deberá comparecer, y confiamos en su ayuda y colaboración en esta cuestión, que debería haberse solucionado hace mucho tiempo.
Mantenemos la esperanza hasta el día 20, siendo conscientes de que cumplir la ley y escuchar a los afiliados es la única manera de acabar con la preocupante desafección de un número cada vez mayor de votantes, que ven como los «puestos» y las ambiciones personales se anteponen a los intereses de Salamanca y de los salmantinos.
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