La zona de bajas emisiones de Salamanca, a la espera de una normativa del Gobierno

En el caso de Salamanca, el consistorio tiene ya lista su Zona de Bajas Emisiones, el área del centro en la que cambiarán las normas de acceso y se restringirá el tráfico. Según ha explicado el concejal del área de Policía, Fernando Carabias, la ZBE está lista y su regulación también, pero se está a la espera de que el Gobierno de España diga cuáles son los requisitos mínimos de la regulación que debe acometerse.

La ciudad cuenta con su propia ordenanza ya adelantada. Se ha basado en un borrador del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y en un documento-guía editado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el que se han basado muchas ciudades. Sin embargo, no se puede dar por 100% oficial porque falta el decreto estatal.

El ministerio está confeccionando ese decreto desde hace meses, pero a punto de terminar el año y llegar la fecha clave no está disponible. Se abrió a consulta pública en abril y se recogieron propuestas, pero no hay texto definitivo. Sin la norma estatal no se puede dar por buena ninguna ordenanza municipal porque el Gobierno se reserva la potestad de regular los requisitos mínimos que debe contener dicha regulación y hasta ahora no se ha pronunciado.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica aseguran que la previsión es publicar el real decreto con todos los detalles antes de fin de año, pero su contenido es una incógnita porque han sido muchas las alegaciones presentadas al borrador.

El calendario apremia y es probable que el 1 de enero muchos ayuntamientos no puedan poner en marcha las ZBE. En esa fecha debería comenzar a aplicarse la regulación que, en todo caso, debe estar aprobada antes del 31 de diciembre de 2023; durante el año que viene debería estar en funcionamiento.

Con las fechas tan avanzadas, la FEMP ha solicitado una moratoria, pero por ahora no hay respuesta ni sobre la solicitud de moratoria, ni sobre los requisitos mínimos que debe contemplar dicha regulación. Y es una cuestión importante porque debe fijar las condiciones de los vehículos, con qué etiqueta de la DGT se puede acceder, cuándo empezará a prohibirse el acceso a estas zonas de vehículos más veteranos, las excepciones, los objetivos de mejora de calidad del aire y el tráfico...

El ayuntamiento ha ido dando todos los pasos necesarios para implantar un sistema que forma parte de un cambio importante en la ciudad; no se trata solo de prohibir la circulación en el centro, también se ha peatonalizado, se instalarán sensores de calidad del aire, se mejorará el transporte público, la gestión de los aparcamientos disuasorios, pasos de cebra inteligentes... Buena parte de eso ya está en marcha como la compra de las cámaras o la contratación del sistema de gestión del tráfico.

Si la regulación empieza a funcionar el 1 de enero, el consistorio estaría prácticamente listo para aplicar las nuevas restricciones, aunque en realidad no está obligado a hacerlo de inmediato, sino a lo largo del año que viene; se plantea una fase de adaptación durante 2023 para difundir las nuevas normas, incluyendo una moratoria en las posible multas.