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Semana a semana, hasta llegar a la sexta este lunes 22 de mayo, los trabajadores de Justicia se movilizan con propósito de reivindicarse ante el ministerio. Tras más de un mes de protesta, con varias manifestaciones y actos realizados sin que sus reclamaciones se vean atendidas, estos profesionales han decidido convocar una huelga indefinida que darán por finalizada cuando las negociaciones con la administración se inicien y para comenzar este paro, han vuelto a marchar por Salamanca convocados por CSIF, UGT, CCOO y STAJ y con sus tres principales demandas guiando el camino: una LOEO sin trampas, funciones claras y retribuciones justas.
«Más de 500.000 juicios suspendidos y 30 millones de actuaciones judiciales» en España es la cifra con la que los responsables sindicales han comenzado su lectura del manifiesto conjunto previa a la manifestación. Unos números que se verán aumentados por la huelga indefinida de jornada que comienza este 22 de mayo de lunes a viernes, derivada de la «negativa» de negociar por parte del ministerio, que tiene una actitud «incomprensible». La administración de Justicia, con Pilar Llop a la cabeza, y la de Hacienda, según los sindicalistas, están dando un trato «discriminatorio y clasista» a gran parte del personal de Justicia, llevándola al «colapso» y les reclaman una «oferta económica para la subida del complemento general del puesto y el inicio inmediato de la negociación pactada de la LOEO y el resto de reivindicaciones presentadas». Los trabajadores consideran que se está «jugando» con sus derechos, como la eliminación de puestos de trabajo o destinos, cambios de funciones... y quieren demostrar al ministerio con esta huelga que van «a por todas».
Manuel Otero, representante de STAJ, anuncia que su línea roja está en la negociación y explica que, desde el 24 de abril, no ha habido comunicación alguna entre ellos y el ministerio, «escondiéndose» los miembros del Gobierno en los mítines de la campaña electoral para no hacer caso a las reclamaciones provenientes de los trabajadores de Justicia, mientras que otros colectivos como jueces y fiscales sí han sido atendidos y han conseguido incentivos económicos. En Salamanca, dice Otero, hay cerca de 350 juicios suspendidos y miles de actuaciones judiciales también sin ser procesadas. La ley que se pretende poner en marcha desde el Ejecutivo central está haciéndose sin tener en cuenta al 95% del personal como desgrana Eva Sastre, responsable provincial del Sector de Justicia de CSIF en Salamanca, sin querer negociar con ellos. «No nos dejan, no nos llaman, no quieren negociar», sentencia el responsable de UGT.
Como expresa CCOO, las reivindicaciones de los trabajadores de Justicia son los siguientes:
- La paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
- El reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales.
- El incremento del Complemento General del Puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos).
Y además exigen:
- La eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1.
- La publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de Carrera Profesional.
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