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El asunto se remonta a 2014. La empresa Eulen pierde la concesión de las piscinas municipales que acaparaba desde 1999 en la capital. Un periodo de tiempo en el que a ojos del Ayuntamiento de Salamanca no se llevó a cabo el mantenimiento debido ni esperado. Esto originó el denominado «caso piscinas», hasta 3 millones de euros en daños por mantenimiento obligatorio por contrato que no se hizo. Tras agrio debate político, la factura se rebajó a un millón, pero el ayuntamiento lleva una década batallando infructuosamente para cobrar, entre otras cosas, por mala gestión.
A día de hoy no se ha conseguido, pero el ayuntamiento vuelve a la carga esta semana. Desde el consistorio se ha intentado hasta en dos ocasiones reclamar una indemnización económica que superaba el millón de euros en concepto de daños y perjuicios por desperfectos y consiguientes reparaciones. En ambas situaciones sin resultados, pero ahora habrá una tercera intentona.
2014. El 7 de noviembre se adjudica el contrato para la gestión de las piscinas municipales a un nuevo contratista, con la obligatoriedad de realizar una serie de obras, aprobadas con posterioridad en 2015.
2015. Sin embargo, es en junio de ese mismo año cuando el Ayuntamiento emite un informe que le obliga urgentemente a revisar las obras inicialmente contempladas, para intervenir en otros sectores más dañados. Es ahí donde se culpa por primera vez a la antigua empresa, Eulen S.L., reclamándose en total más de 1.200.000 euros, cantidad necesaria para solventar las deficiencias encontradas.
2018. El Contencioso Administrativo nº2 de Salamanca considera que la reclamación llevada a cabo por el Ayuntamiento no se hizo en los plazos contemplados, decisión con la que este último no se mostró de acuerdo apelando a lo recogido en el acto administrativo. Y así, el 27 de julio de 2018 el Pleno acordó el inicio de un nuevo expediente de reclamación de daños, judicializándose nuevamente el proceso tras varios trámites burocráticos.
Entre las múltiples alegaciones encontradas por la empresa demandada, destacan palabras y reproches como el siguiente:
«La realidad es que el Ayuntamiento de Salamanca no se preocupó por el estado de las piscinas y el cumplimiento de la normativa debido a que una gran empresa comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales realizaba unos esfuerzos importantes en mantener funcionando las piscinas a pesar de la nula colaboración municipal (...) El Ayuntamiento no ejecutó en las piscinas las obras que sus propios técnicos consideraron en el año 2011 que eran «las mínimas necesarias para su buen funcionamiento».
2023. Tras años de disputa judicial, en la que se llega a reclamar el abono de algo más de un millón de euros a Eulen, de nuevo una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Salamanca aprecia la caducidad del procedimiento, alegando en consecuencia el Ayuntamiento, recurso desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León en 2024.
En la actualidad, el Ayuntamiento ve los suficientes indicios como para reclamar una vez más el millón de euros (1.042.908,13 €) recogido en el acuerdo de 2021. Eso sí, una cantidad muy inferior a la registrada en la valoración de daños de 2011, en la que se cifran las reparaciones en hasta tres millones de euros (3.078.967,49 €). Posteriormente, en el análisis realizado en 2015 la cantidad ascendió a los a 6.891.700,05 €.
En esa cifra se incluyen las mejoras de todas las piscinas municipales; Rosa Colorado, Aldehuela, Tejares, Garrido (fase 1 y 2), San José y La Alamedilla.
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