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Salamanca lidera la sanciones por incumplir la ley antitabaco en la región

Cuando falta medio año para que se cumplan 13 de la entrada en vigor de una normativa que vino a endurecer la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, conllevando, a partir del 2 de enero de 2011, la prohibición de fumar en bares, restaurantes y otros locales de ocio.

Las provincia de Salamanca junto a la de Palencia, se coloca a la cabeza de la las que más sanciones recibieron, con 29 en cada una de las provincias. Sigue de cerca Valladolid con 25 y por detrás se sitúan Zamora (14), Segovia (13), Soria (10), Ávila (5) y Burgos (1). En la provincia de León no se registró ninguna sanción por este motivo.

La mayor parte de los expedientes iniciados, el 60% en concreto fueron de carácter leve, y están relacionados con el consumo, venta, suministro y publicidad del tabaco, y, así, se penaliza desde la mala señalización en locales hasta la permisividad para que se fume en ellos.

En este sentido, las infracciones de carácter leve, con castigos que oscilan entre los 30 y 600 euros, son, entre otras, las que cometen quienes encienden un cigarrillo en lugares vetados o fuera de las zonas habilitadas a tal efecto.

Además, en el caso de los establecimientos hosteleros, si el propietario no informa con carteles visibles de la prohibición de venta de tabaco a menores de 18 años también puede ser sancionado, del mismo modo que si las máquinas expendedoras no cuentan con la preceptiva advertencia sanitaria.

Las graves -con sanciones de entre 600 y 10.000 euros- se reservan para otros comportamientos transgresores, de los que habilitar espacios para fumar en bares y restaurantes es uno de ellos y el más común, al igual que vender tabaco en establecimientos no autorizados.

La acumulación de tres infracciones leves también deriva en una grave, al igual que no disponer del mando de activación a distancia de las máquinas. Los expedientes por conductas muy grave, es decir, por la promoción y patrocinio del tabaco -una infracción de envergadura que se puede llegar a pagar con 600.000 euros y nunca con menos de 10.000- son muy poco habituales.

Cualquier persona tiene derecho a poner en conocimiento de la administración regional las vulneraciones de la normativa. Puede ser el cliente de un establecimiento o su propietario, puesto que éste puede ser sancionado si no impide fumar a los fumadores que se saltan la ley.

Sin embargo, las estadísticas de la Consejería de Sanidad ponen de relieve que, de las 3.191 inspecciones realizadas a establecimientos, tan solo 38 fueron a raíz de denuncias ciudadanas. Así, la inmensa mayoría son de oficio y tienen lugar, más allá de bares, restaurantes y locales de ocio, en centros sanitarios, colegios, gasolineras, tiendas de alimentación y polideportivos.