Un padre y sus dos hijos absueltos de delitos de falsedad documental y estafa en Salamanca

M. Rivas

Salamanca

Miércoles, 14 de febrero 2024, 11:23 | Actualizado 11:31h.

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Cuatro miembros de una misma familia, propietarios de varias sociedades de nacionalidad rumana y española respectivamente, han sido absueltos por el juzgado provincial de Salamanca de delitos de estafa y falsedad documental.

El denunciante, profesional en lo que a actividad comercial con energías renovables respecta, tuvo conocimiento de una inversión en una central hidráulica en Rumanía e, interesado, concertó una reunión con uno de los acusados; citada reunión se celebró en la sede de la sociedad de nacionalidad española, ubicada en Salamanca.

Tras esta primera reunión, y el éxito de la misma, se produjo una segunda reunión en un chalet de un pueblo salmantino y, durante la misma, se le entregó al denunciante documentación en la que figuraba el expediente concesional, la curva de caudales y un extracto del proyecto no oficial en español.

El querellante, confiado en las solvencia profesional de los acusados y en los datos recogidos en la documentación entregada por éstos, decidió participar en dicha inversión adquiriendo el 2 de agosto del 2011, en la sede mercantil de ubicada en Salamanca, el 3% de las participaciones de la sociedad española.

El denunciante entró, entonces, como inversor en el proyecto con el 3% del total y, desde el mes de agosto al mes de diciembre del 2011, efectuó distintas aportaciones monetarias destinadas a la efectiva ejecución de la obra de construcción de la central hidroeléctrica.

Citada central comenzó a funcionar en febrero del 2013, quedando parada tras una crecida del rio en abril de ese año, procediéndose a su reparación; sin embargo, tras una nueva crecida en abril del 2014, la central volvió a quedar parada, así como inoperativa y semidestruida.

La central, cuyo funcionamiento se prolongó únicamente 14 meses, generó beneficios inferiores a las previsiones mostradas al denunciante y, por ello, el querellante reclamaba, en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios sufridos tras los desembolsos efectuados, una cuantía de 124.880 euros.

El juzgado provincial de Salamanca ha fallado a favor de los acusados, asegurando que no ha quedado probado que, éstos, alterasen maliciosamente los datos proporcionados al querellante, con carácter previo a la adquisición del 3% de las participaciones de la sociedad, para hacer más atractiva la inversión y conseguir así, a través del contrato privado, un lucro ilícito.