Nueva impugnación a la normativa sobre pisos turísticos: «Somos la solución, no el problema»

Crece la presión sobre la Ordenanza Municipal Reguladora de los Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de Salamanca. Al ya anunciado contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León realizado por AVATCYL se une ahora la Asociación de Empresas Salmantinas de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Su posición es clara, quieren que se anule la nueva normativa que afecta a aproximadamente la mitad de los actuales locales destinados a tal servicio. «Se atenta contra nuestras seguridad jurídica», han subrayado.

En una rueda de prensa de más de una hora de duración, Teresa Majeroni, presidente de la Asociación; el letrado Alfonso Hernández, letrado que ha redactado la impugnación; y Ricardo Andrés, director general de CEO CEPYME y asesor jurídico, han explicado su postura ante la «falta de una negociación» previa a la aprobación de la normativa aprobada el pasado mes de noviembre. Una actuación que no perdonan: «No se ha recabado el sentir del sector, no se ha hablado con los protagonistas», han clamado.

«Se han modificado las reglas del juego en medio del partido. No somos el problema, somos la solución, una solución económica para la ciudad. Nosotros también queremos que crezca Salamanca y suponemos un impacto directo e indirecto. El sector aporta y no resta», ha declarado Majeroni, quien no se ha cansado de repetir que los problemas los generan «las personas» y «no las viviendas».

Aunque su opinión es clara y el objetivo conlleve la nulidad de la ordenanza, los motivos y argumentos son variados. Por un lado, han aludido a su impacto directo en el turismo de la ciudad. Salamanca ha alcanzado el mejor dato de viajeros y pernoctaciones internacionales de su historia y consideran que son parte directa de este logro, teniendo en cuenta la gran demanda en torno a este tipo de alojamientos. También su influencia indirecta, generando trabajo en el sector de la limpieza, así como el uso de lavanderías o servicios de mantenimientos.

El principal punto de confrontación es el referido a la imposibilidad -de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana- de ubicar viviendas y apartamientos de uso turístico por encima de la primera planta en aquellas edificios que sean residencia habitual. ¿Por qué? Porque la actividad pasa a tener la consideración de «uso terciario/clase TH Hotelero».

Los cuatro altavoces que hoy han lanzado un mensaje compartido, no solo por asociaciones, sino también por particulares, han recalcado que sí consideran que sea necesaria una regulación del sector, aunque con muchos 'peros' por delante.

«Queremos que se abra un período de negociación. Entendemos que debe ser regulado, pero no así», comentaba en primer lugar Ricardo Andrés. Un pensamiento que compartían sus compañeros, pero... ¿cuáles son sus líneas rojas?

«Pedimos una flexibilización de los límites impuestos. Sobre todo, que no se afecte a las viviendas ya establecidas de forma previa a la ordenanza. Vamos a pelear para que no tenga efectos retroactivos. Que no se convierta en ilegal lo que es legal», han explicado.

También han propuesto nuevos puntos en la ordenanza como la falta de un registro dentro dentro de la oferta turística de la ciudad capaz de colaborar con el sector y que permita reservar a los clientes para así no depende de exclusivamente de plataformas como Airbnb o Booking. Una propuesta en la línea de la segunda idea: crear una oficina o una responsabilidad dentro de la consejería de urbanismo a la que puedan acudir los propietarios de forma previa a la puesta en marcha de sus empresas.

Otro tema, ya debatido en otras ocasiones, ha sido el de la necesidad de una licencia para la apertura de este tipo de viviendas y apartamentos. «No tiene sentido que no se necesiten licencias para el alquiler a estudiantes y sí para el alquiler a personas que vienen a Salamanca durante dos días o incluso un mes para estudiar un máster. Habrá inmuebles que sí lo requieran, pero en este caso, una vivienda de uso turístico que puede ser utilizada por su propietario no debe estar sometida a un régimen de apertura», Alfonso Hernández.

Según apunta la Asociación de los alrededor de 700 apartamentos y viviendas turísticas en la ciudad se verían afectados de forma directa en torno a un centenar e indirecta hasta la mitad de los actuales.

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