El 'melón' de los pisos turísticos en Salamanca regresa al debate multiplicado y con contestación vecinal

Tras un lustro en el cajón, el debate en Salamanca sobre los pisos turísticos y su regulación vuelve a la palestra. Lo hace en un momento crítico, multiplicado su número y con una fuerte contestación por parte de los vecinos, que han empezado a cuestionar el modelo que ha permitido su proliferación, igual que el de otros negocios turísticos como las nuevas terrrazas 'de interés gastronómico'.

A la vuelta de la Semana Santa, la comisión informativa de Policía, donde se tramitan las licencias y las regulaciones de todas las nuevas actividades, tiene prevista una sesión monográfica sobre los pisos turísticos. Así se comprometió en la última sesión celebrada. Es algo que llevan demandando tiempo los grupos municipales que han preguntado con insistencia sobre el número de estos establecimientos, los permisos para transformar locales en viviendas y las quejas que están llegando por ello. Según confirman fuentes directas, el objetivo es volver a la senda dejada cuando se trabajó en la primera ordenanza municipal de pisos turísticos. Sin embargo, el punto de partida puede ser insuficiente.

Hace casi cinco años el Ayuntamiento de Salamanca anunciaba la publicación del borrador de la nueva ordenanza reguladora de los apartamentos y viviendas de uso turístico. Fue un mes de julio de 2019 y el texto estaba en un estadio avanzado, tanto que se expuso por 60 días para recoger aportaciones o correcciones por parte de los ciudadanos en general. Y no se volvió a saber más de ella.

Aquel germen de nueva ordenanza llevaba el sello del entonces concejal del área, Julio López, bajo cuya dirección se habían iniciado los trabajos meses atrás, en abril de 2019, en un grupo de trabajo con presencia de los cuatro grupos políticos que había entonces. El punto de partida para su elaboración fue la Ordenanza Municipal sobre Actividades Inocuas del Ayuntamiento de Salamanca, al entender que encajaba en esta regulación, y la normativa regional.

El texto incluía multas de hasta 3.000 euros y cierre de establecimiento, la obligatoriedad de garantizar unas condiciones de seguridad y evacuación de los alojamientos (acceso independiente) y de tomar medidas para que la actividad no ocasione molestias a los vecinos y residentes. También era obligatorio permitir el acceso a Policía Local y técnicos municipales para comprobar el cumplimiento de la normativa establecida en esta materia.

Fue uno de los primeros intentos por regular un fenómeno que se ha expandido de forma imparable. La ocupación y los precios no han dejado de crecer a pesar del parón que supuso el cierre a la movilidad en la pandemia.

Según los datos del INE, sus tarifas han subido un 12% y ya concentran hasta un 50% de las pernotaciones turísticas de todo tipo, superando a hoteles, alojamientos rurales, campings... De hecho, muchas cadenas o propietarios de hoteles ofrecen ahora también el modelo de pisos o apartamentos turísticos.

Cambió la legislatura y el trabajo fue asumido por un nuevo concejal, Fernando Castaño. Al presentar el borrador definitivo se desveló que la ordenaza estaba planteada para «paliar los efectos de una sobreoferta descontrolada de viviendas destinadas al uso turístico».

Castaño calificó entonces el texto como «muy restrictivo» porque iba a exigir consentimiento de las comunidades de propietarios afectadas a la instalación de uno de estos establecimientos. La normativa pretendía acabar con el intrusismo y las actividades opacas que hacían la competencia a otros alojamientos y frenar un mal uso por sus inquilinos, ya sea en ruidos o en todo tipo de daños.

Ahora, habrá que ver cómo se retoma todo esto, qué se conserva del trabajo de hace cinco años y cómo encajan las actividades que se han ido permitiendo estos años, porque el panorama es muy diferente al de hace un lustro.

Cuando se inició el trabajo de elaboración de la ordenanza, Salamanca contaba con 337 alojamientos turísticos, según el Registro de Viviendas de Uso Turístico de Castilla y León.

Ahora, según el mismo registro, tiene 430 pisos turísticos y 70 apartamentos turísticos, 500 en total. Pero constructores y sector del alojamiento elevan esa cifra a 1.000 en estos momentos contando con los irregulares y no declarados y con la cantidad de locales y oficinas convertidas en apartamentos que, al 80%, se dedican al alquiler turístico.

La proliferación imparable de los pisos turísticos ha puesto en guardia a vecinos y asociaciones que se oponen precisamente a las consecuencias negativas de este tipo de actividad, desde la gentrificación de un centro cada vez más dedicado al turismo en todas las vertientes, al encarecimiento del alquiler y la vivienda en general o al ruido y las molestias que puedan ocasionar los inquilinos temporales.

La Federación de asociaciones de vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) ha iniciado un serie de contactos con los que pretende abordar «la problemática de la proliferación descontrolada de viviendas y apartamentos turísticos».

Ante la preocupación vecinal, Fevesa «en el marco de una incontrolable expansión de apartamentos y viviendas turísticas en nuestro país», se ha reunido con los afectados en un encuentro, en el que, se destacó la falta de normativa existente como una de las principales causas de esta situación.

En Salamanca se está produciendo ya la situación de que bajos comerciales u oficinas se convierten en viviendas, gracias a las licencias municipales que se dan, con lo que comunidades se ven de un día para otro con un alto número de apartamentos en sus recintos.

Además, hay otros problemas turísticos que preocupan, como el aumento de las terrazas hosteleras con la nueva modalidad de 'interés gastronómico'. Varias asociaciones, entre ellas FEVESA y el Comité Antinuclear, ya se han reunido para fijar postura y han pedido cita con dos concejales, el de Policía y el de Turismo, para pedirles explicaciones. La reunión será después de Semana Santa. El momento de abrir el 'melón' de las actividades turísticas ha llegado.

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