La 'limpia' de la Policía Local en Salamanca que allana el veto de comunidades a los pisos turísticos

Félix Oliva

Salamanca

Miércoles, 2 de abril 2025, 08:15 | Actualizado 12:48h.

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Un 80% de los pisos turísticos que operan en la capital están funcionando sin haber presentado ninguna documentación o están pendientes de hacerlo y una veintena ya tienen una prohibición en firme para dejar de operar. Este es el resultado de la severa inspección que está haciendo el Ayuntamiento de Salamanca para regularizar la actividad después de años de quejas, una labor en la que la Policía Local se está empleando a fondo y que está dejando el terreno libre al siguiente paso: el veto por parte de las comunidades de vecinos.

Los cambios normativos están arrinconando a los pisos turísticos que operan de forma irregular en la ciudad. Si la cara 'buena' corresponde a los 140 que ya cumplen para 336 unidades de pisos turísticos o apartamentos legalizadas y que cumplen con la normativa municipal, la más amarga es para aquellos que están siendo inspeccionados, incluso en horario nocturno, por agentes del área de policía administrativa. Unas cortapisas a las que ahora se suma el control por parte de los vecinos, que desde este jueves ya pueden negarse por acuerdo de estatutos a que se instalen pisos turísticos en sus edificios.

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Ese trabajo lleva meses adelantado por parte de la Policía Local, que está haciendo una importante 'limpia' de pisos turísticos que no cumplen con la nueva ordenanza. Según los datos municipales, va camino de sacar de la circulación buena parte de los que figuran en el registro de la Junta de Castilla y León y que, hasta ahora, estaban dados de paso con un control que se ha demostrado muy laxo. El resultado es que de todos los que han estado operando, una veintena ya están advertidos para cerrar y otros tres centenares, el 75% de los que había, tendrán que ajustarse a las nuevas exigencias.

En concreto, y según datos municipales, son 21 los expedientes de ejecución forzosa frente a pisos turísticos a los que se les denegó la licencia cuando presentaron la documentación correspondiente, pero siguen operando. Se trata de establecimientos que han intentado regularizar su actividad y que siguieron el procedimiento previsto, pero a los que no se concedió licencia y tendrían que cerrar.

A ellos hay que sumar 302 expedientes de restauración de la legalidad ambiental que están en marcha y que recaen sobre establecimientos que no han presentado ningún tipo de documentación para regularizarse y siguen operando.

Al control que ejerce la Policía Local se puede sumar a partir de este miércoles el de las propias comunidades de vecinos, en virtud de la ley estatal y de la propia ordenanza municipal. Según sentencias del Supremio, desde este 3 de abril las comunidades podrán vetar la apertura de viviendas de alquiler turístico mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos. Las comuniades tendrán el poder de aceptar o no este tipo de establecimientos por la entrada en vigor de la modificación hecha en la ley de la propiedad horizontal de 1960.

En cuanto a la norma municipal, cuando se hizo la nueva ordenanza se incluyó un articulado que dará a los vecinos un derecho importante: el de denunciar para cerrar un piso turístico que no cumpla las normas.

Eso puede dar pie a que un particular denuncie, directamente ante la Policía Local si lo desea, si un establecimiento genera ruidos, humos o molestias o si no cumple con las medidas obligatorias. Si se comprueba la deficiencia, el negocio podría ser clausurado, al menos, hasta que corrija las deficiencias. Las denuncias, no obstante, no son una 'barra libre': no vale quejarse sin fundamento.

Además, también podrán controlar la instalación de pisos en bajos comerciales. Con la nueva ordenanza, todas las comunidades serán informadas por el propio ayuntamiento del inicio de trámites para la apertura de un piso o apartamento turístico, ya que es obligatorio pedir las licencias correspondientes y su inscripción en el futuro registro, que será obligatorio y para el que habrá que tener al día el papeleo.

En ambos casos son pisos que seguían en el registro de la Junta, el que se ha dado por válido hasta que se ha decidido poner orden en una actividad que se estaba descontrolando. Uno de los objetivos era precisamente acabar con la competencia que suponen para los negocios regulados la existencia de pisos particulares que se alquilan para alojamiento turístico, pero que no cumplen normas y que, además, no declaran la actividad ni pagan los impuestos correspondientes.

Según el citado registro, en Salamanca operan 447 establecimientos registrados entre viviendas turísticas (370 ) y apartamentos (77). Sin embargo, la legalidad de buena parte de ellos está en entredicho, una veintena ya están ilegalizados y otros tres centenares podrían seguir el mismo camino si no cumplen.

Esta importante actividad sancionadora ha despertado los recelos de las asociaciones que agrupan a este tipo de negocios. Según los datos de la Asociación de de Empresas Salmantinas de Viviendas y Apartamentos Turísticos, la decisión del ayuntamiento de vigilar la actividad afecta a en torno un centenar de establecimientos, que serían los que en un futuro se caerían del listado.