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El trágico suceso en el puerto de Barbate, donde una narcolancha mató a dos agentes de la Guardia Civil que intentaban desalojarla, ha puesto el foco sobre este tipo de embarcaciones cuya pista conduce a Galicia, Portugal, las provincias del sur de España y, ... también, a Salamanca. Aquí, en un taller clandestino, se montaban algunas de las planeadoras que el narcotráfico usa para introducir droga en grandes cantidades en las costas españolas.
En abril de 2022, el Ministerio del Interior desmantelaba en una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil una organización que se dedicaba a la fabricación de narcolanchas. Hubo registros y entradas en varias provincias y sorprendió, por entonces, que una de las intervenciones tuviera lugar en Salamanca, lejos de las rutas de actuación de estas embarcaciones, que se centran en Galicia y el Sur de España.
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Aquella operación y la presencia de un taller en Salamanca permitieron descubrir algunas cosas sobre el negocio de la fabricación de planeadoras. Prohibidas de forma general desde 2018, su presencia en la provincia sorprendió, pero tiene un motivo: la proximidad con Portugal.
La organización criminal se dedicaban a la fabricación de embarcaciones de alta velocidad en distintos lugares de la provincia de Pontevedra. Además contaban con otra serie de enclaves en el país luso, en los que culminaban las embarcaciones. Por último, las embarcaciones eran dotadas del equipo necesario para su uso por los narcotraficantes en otras ciudades. Se localizaron más de 20 embarcaciones en diversos estados de finalización, seis de ellas en disposición de ser botadas de forma inminente.
Según fuentes de la OPC salmantina, lo que se encontró en aquella nave en Salamanca era un taller de puesta a punto y finalización de embarcaciones. Se trataba de un lugar donde terminar el ensamblaje de piezas como los potentes motores (hasta 900 CV en tres propulsores), que fue parte de lo que se encontró. También se encontró algún casco, realizados en molde y de fibra de vidrio, y embarcaciones en la última fase antes de su botadura.
En este taller se preparaban las embarcaciones para su entrega en una fabricación que se hace «bajo demanda». El mercado de construcción de narcolanchas es muy específico desde que rige la prohibición de fabricarlas en España, para cuyo uso y tenencia hay importantes restricciones y existe el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, obligatorio para tenerlas.
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Según fuentes conocedoras, los narcos eligen aquí el equipamiento que necesitan, que cada vez es más complejo. Si antes una narcolancha era un piloto y un ayudante, ahora su tripulación es más amplia y está especializada. Además del piloto, hay un navegante a cargo del GPS, indispensable para guiarse en alta mar y que está entre el equipamiento que se le incorpora a las lanchas.
Una vez realizada la puesta a punto de las mismas, los miembros de este entramado criminal llevaban a cabo su botadura en distintos puntos de la geografía nacional, siendo posteriormente empleadas para el transporte de estupefacientes en la zona sur de España, donde es habitual verlas. En cuanto al coste de una nave de este tipo, las autoridades creen que ronda los 180.000 euros, aunque las más equipadas y con motores más potentes pueden rozar los 300.000 euros.
Este taller salmantino fue protagonista de otra actuación en 2023, cuando se descubrió un sofisticado transporte, la primera plantación itinerante encontrada en España.
Pero, ¿por qué un taller en Salamanca? El motivo está en su proximidad a Portugal que se ha convertido en base de fabricación de este tipo de embarcaciones. La construcción de planeadoras es ilegal en España, pero totalmente libre en el país vecino. Se ha constatado la presencia de astilleros en localidades como Viana do Castelo especializados en este tipo de fabricación.
De puertos portugueses proceden buena parte de las planeadoras que los clanes del narcotráfico usan en sus actividades. En el caso del taller de Salamanca, una vez finalizadas viajaban hacia Portugal o Galicia para su botadura.
Asentada en la provincia de Pontevedra, la organización desmantelada en abril de 2022 contaba con infraestructuras en otras provincias del país, como A Coruña, Salamanca, Madrid y Barcelona, donde también se efectuaron registros, además de en Portugal, en los municipios de Viana do Castelo y Valença do Miño, donde participó la Policía Judiciaria portuguesa en un golpe a la fabricación de estas máquinas.
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