Detenidos dos alumnos por la falsa amenaza de bomba en un instituto en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido a dos alumnos del instituto Torres Villarroel como responsables de la amenaza de bomba que obligó a desalojar el centro y movilizar varias dotaciones policiales hace unos días en Salamanca. Un actitud que les puede costar una fuerte sanción económica ya que se trata de un delito.

Agentes de la Policía Nacional han identificado a dos jóvenes, menores de edad, por su presunta participación en un delito de desórdenes públicos. Los autores realizaron la llamada maliciosa desde un teléfono a un Instituto de esta ciudad amenazando con la colocación de una bomba. Por parte de Policía Nacional se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca

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El día 10 de mayo por la mañana se activaron los respectivos centros de coordinación de emergencias y agentes de Policía, ya que en el Instituto Torres Villarroel del barrio de San José se recibió una llamada telefónica en la que se comunicaba que «os vamos a poner una bomba».

En el lugar se personaron entre otros, agentes de la Policía Nacional que procedieron a acordonar la zona protegiendo las instalaciones y las personas que se encontraban en el edificio. A su vez se contactó con los responsables del centro con el fin de recabar información sobre los hechos y así poder determinar la veracidad de los mismos y los autores de la llamada realizada. Una vez recabadas todas las pruebas y analizadas se pudo determinar que los autores de la llamada habían sido dos alumnos del centro, menores de edad, los cuales llegaron a reconocer los hechos.

Se informa por parte de Policía Nacional que las llamadas maliciosas «amenazando con la colocación de una bomba en un edificio», supone la activación de unos protocolos establecidos que detraen Policía, Bomberos, Sanitarios y otro personal que realiza servicios públicos, lo cual conlleva un coste económico muy importante, además de no poder acudir a prestar servicio de los requerimientos de los ciudadanos que realmente los necesitan, al estar ocupados prestando servicio en una llamada que ha sido realizada maliciosamente.

Estas llamadas son un delito y que pueden ser castigadas con pena de prisión para los autores de las mismas, existiendo también la Ley de Protección Civil para este tipo de situaciones, en la que se establecen multas que van desde los 100.001 euros hasta los dos millones de euros. Una vez realizadas todas las gestiones oportunas.