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El cuarto tren Alvia diario entre Salamanca y Madrid juega su futuro a miles de kilómetros en una triangulación entre Galicia y Hungría en la que están implicadas la histórica Talgo, el ministerio de Óscar Puente y la pretensión del Gobierno de proteger a una ... empresa estratégica.
La operación de compra de Talgo se ha cruzado en la pretensión de Salamanca de contar, al fin, con la cuarta frecuencia diaria de altas prestaciones entre la ciudad y Madrid. Se trata del servicio que se presta con el Alvia y que permite un viaje de poco más de hora y media, en vez de las más de dos largas del servicio convencional. De momento, Renfe va a cambiar los horarios a partir de abril por las obras en Chamartín.
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Hace unas semanas, coincidiendo con la manifestación de protesta por el aislamiento ferroviario de Salamanca, el ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que cuando llegaran los nuevos trenes a la alta velocidad de Galicia se liberarían unidades ya usadas para otras conexiones. Según el exalcalde de Valladolid, era cuestión de semanas.
Sin embargo, el retraso en la entrega de los nuevos trenes por parte de Talgo ha demorado, sine die, este traspaso de material. Y la operación internacional en la que una operadora húngara quiere comprar la histórica constuctora española de trenes ha venido a complicar la situación porque, ahora, Renfe ha decidido penalizar con 166 millones a Talgo por los retrasos en la entrega.
En mayo de 2021, el Consejo de Administración de Renfe aprobaba la adjudicación a la empresa Talgo del contrato para la compra de hasta 40 cabezas motrices para trenes de Alta Velocidad, por un importe global de 281,5 millones de euros. Se ejecutado un pedido en firme para 26 cabezas tractoras por 195,5 millones de euros, como último paso para convertir 13 trenes convencionales en composiciones de muy alta velocidad.
El contrato incluye suministro y mantenimiento integral de 26 cabezas motrices, así como su integración y acoplamiento con las composiciones de coches transformados, para formar trenes Ave de rodadura desplazable, bitensión con velocidad máxima de 330 km / h, con opción de adquisición de hasta 14 locomotoras adicionales.
El plazo de entrega previsto acumula tres años de retraso. De hecho, se tenían que haber recibido las primeras unidades este mes de marzo, pero el proceso de fabricación y entrega no ha terminado.
Los 11 convoyes Avril de rodadura desplazable que irán a parar a Galicia y permitirán liberar unidades de las series 130, 120 y 730 para el resto del país. Una vez los nuevos trenes que tiene que entregar Talgo estén operativos, se podrán trasladar los antiguos, aunque para que estén en servicio antes tendrán que pasar por una fase de pruebas sobre la línea.
Salamanca no es el único destino pendiente de estos trenes. En la misma situación están los usuarios de Granada, donde irán otro de estos trenes rápidos. Algo parecido ocurre en Cádiz, sólo que allí esperan la llegada de los nuevos Avril. Y, por contra, en Zamora esperan a que terminen las pruebas con los nuevos trenes ya que es punto de paso de la línea Madrid-Galicia de alta velocidad.
Renfe ha acordado sancionar a Talgo con 80.000 euros por cada día que se retrase la entrega de los vehículos a partir del 1 de abril, fecha límite que puso el ministro de Transportes, Óscar Puente para que la empresa pública espere los trenes para su entrada en fase comercial.
En la carta, remitida con fecha 6 de marzo de 2024, Renfe asegura que la documentación aportada hasta ahora por Talgo «no justifica los retrasos en la entrega de los trenes». El resultado es que, a los 116 millones de euros de penalización impuestos en 2022 se suman otros 50 millones más por esta nueva demora.
Esta sanción puede complicar la operación que está en marcha para la adquisición de Talgo. El fabricante está en plena operación de venta al grupo húngaro Magyar Vagon pese a las reticencias del Gobierno, que duda de que detrás del capital haya algún vínculo ruso.
Los accionistas recibieron con mucha incertidumbre la OPA y la compañía se desplomó este viernes en Bolsa más de un 54% hasta situar las acciones en 4,20 euros por título y alejando aún más el precio de la oferta de los húngaros de 5 euros por acción hasta valorar la empresa en 619 millones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que el Ejecutivo analizará esta operación y trabajará para conocer los «detalles exactos» de la OPA y «garantizar la estabilidad futura» de la empresa, «eso es lo que importa», destacó. En una rueda de prensa en Chile, Sánchez destacó la defensa de los «proyectos industriales estratégicos» y señaló que velarán por los puestos de trabajo.
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