El ayuntamiento reclama al Estado 7,7 millones de euros de plusvalías que no pagaron los ciudadanos

Félix Oliva

Salamanca

Martes, 8 de noviembre 2022, 13:26 | Actualizado 14:43h.

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El Ayuntamiento de Salamanca entrará en pleitos con la administración central para intentar recuperar 7,7 millones de euros que dejó de ingresar por el final del impuesto de plusvalía. El consistorio se convierte en uno de los primeros ayuntamientos que pone en marcha una reclamación de este tipo y aunque, en primera instancia, la reclamación será de nivel administrativo, está dispuesto a llegar a los juzgados por una medida que no tiene impacto para los ciudadanos que reclamaron en su día y no perderán las devoluciones o exenciones que consiguieron.

La decisión la ha anunciado este martes por la mañana el concejal de Economía del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, que ha desgranado los motivos y la cuantía económica. En total, el consistorio va a reclamar 7,7 millones de euros a la administración central en concepto de los ingresos perdidos durante el período del cambio en el impuesto de plusvaía, de 2017 a 2021. Durante esos cuatro años estuvo vigente una modificación que, posteriormente, fue anulada por ser inconstitucional, pero que permitía no tener que pagar si no se había obtenido rendimiento económico en la venta de una vivienda.

Durante esos años, los ciudadanos pudieron reclamar lo pagado de forma indebida con este impuesto municipal y el consistorio tuvo que devolver liquidaciones antiguas y hacer exenciones de este impuesto en los casos en los que no había plusvalía. Precisamente, los ciudadanos que reclamaron no tienen nada que temer ante este pleito del consistorio: no se verán afectados y en ningún caso tendrán que devolver.

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El concejal de Hacienda ha asegurado que «nuestra obligación es intentarlo», pero ha reconocido que es «difícil» y «estamos seguros que vamos a acabar en los tribunales». Rodríguez estima que el pleito se podría zanjar en un corto período de tiempo si se resuelve en la vía administrativa, pero que si entra en la vía judicial podría eternizarse.

El concejal salmantino estima que el consistorio tiene que reclamar este dinero porque entre 2017 y 2021 ya hubo anulaciones parciales de la normativa «pero el Gobierno no movió ficha, no hizo nada».