El PP achaca al covid y las autonómicas el no convocar su congreso en Salamanca

Incluso, la representación legal del partido llegó a reclamar una indemnización de 150.000 euros a los demandantes, 13 afiliados del partido, por su injerencia en la labor de la Gestora nombrada por el partido tras la dimisión de Javier Iglesias como presidente provincial del mismo, y el daño electoral que podría causar este proceso electora en la próximas elecciones generales. Todo ello en la vista de medidas cautelares celebrada hoy en el juzgado de primera instancia número cinco de la plaza de Colón en la capital del Tormes.

Ya dentro de la sala, el representante del PP, como parte demandada, ha apuntado que el retraso es fruto de la situación derivada de la pandemia, pues, en el momento que tenía que haberse celebrado «no era razonable» la convocatoria. «556 personas en un local en tiempos de covid no era razonable», ha dicho en referencia a «posponer el congreso», así como otros, que luego ha ido realizando por ese motivo, con un «calendario» paulatino para no hacer «de golpe y porrazo todos a la vez».

Los 'populares', a través de su representación legal, aseguraron en su argumentación que los estatutos recogen los plazos que han sido establecidos y consideran que, en ningún caso, se ha visto vulnerado el derecho fundamental a la libre asociación a través de los partidos políticos, como así consideran los demandante.

El Ministerio Fiscal, por su parte, se ha adherido a la posición de la defensa al considerar que el objeto de las medidas cautelares, la convocatoria del congreso en menos de 45 días, coincide con el fondo de la demanda, por lo que ha solicitado la desestimación.

Ante ello ha apuntado que el Comité Ejecutivo Nacional ha ido aprobándolos y que se han celebrado ya la mayoría, como los de Madrid, Extremadura, Galicia o Mérida.

En referencia concreta ya al de Salamanca, ha apuntado que, tras la dimisión del presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, se ha aprobado la creación de una gestora que tiene la «finalidad» de convocarlo próximamente.

Ese órgano, ha continuado, debe de decidir «la fecha más adecuada» y que, como está la convocatoria de las elecciones municipales de mayo, hacerlo ahora supondría «monopolizar la actuación de todos los empleados» y podría suponer «un daño electoral», de ahí que haya avanzado el interés por convocarlo «con posterioridad».

La jueza, eso sí, afeó la incomparecencia de Alberto Núñez Feijóo de forma «unilateral», y la parte demandante solicitó la imposición de las sanciones administrativas previstas al efecto. Este extremo lo tendrá que decidir la titular. La representación 'popular' se remitió al escrito registrado el pasado 18 de enero, hace apenas do días, mediante el que señala que Feijóo «no tiene conocimiento de los hechos enjuiciados».

«La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era el el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí», ha apuntado la magistrada.

Por su parte, el abogado de la parte demandante, solicitó que se impusiese una sanción al presidente nacional del PP por su incomparecencia, rechazando los argumentos de los servicios jurídicos del PP.

Según sus palabras, al no presentar el recurso, el PP «conocía» que Feijóo tendría que acudir a Salamanca, quien «claramente» tiene« conocimientos de estos hechos, por supuesto», en referencia a la posposición del Congreso, por ser miembro del Comité desde 2005 y por ser presidente del PP en las últimas fechas, ha apostillado y recoge Europa Press.

Además rebatió los argumentos del PP respecto al retraso en la convocatoria del congreso asegurando que el covid no había sido exclusivo de Salamanca y que en el resto de provincias de Castilla y León se celebraron en el año 2021.

Por ello, ha criticado que falte el de Salamanca porque a Génova «no le interesa que en Salamanca se celebre», y ha aludido a «razones publicas y notorias». Con el fin de que no se cumplan en mayo dos años de retraso, los demandantes han pedido a la Justicia unas medidas cautelares que instan a que se convoque en un plazo de 45 días.