Víctimas de ETA llaman a vetar «los votos de sangre» de Bildu

Los colectivos –la AVT, grupos territoriales de todo el país y fundaciones que mantienen viva la memoria de asesinados como Miguel Ángel Blanco, Luis Portero, Alberto Jiménez Becerril o Manuel Broseta- evitan en el folio y medio de su escrito dirigir su lamento y su exigencia a unas siglas concretas e identificadas. «Ningún partido democrático deben desentenderse de la insoportable situación que sufren las víctimas de estos asesinatos sin resolver que hacen de España un estado anómalo y un paraíso de impunidad terrorista», advierten genéricamente las asociaciones en el último párrafo del documento al que ha tenido acceso este periódico. Pero el tenor del texto y el contexto en el que se hace público, con la polémica coleando por los últimos traslados a cárceles vascas de Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' –uno de los ejecutores de Miguel Ángel Blanco- y el sanguinario 'general' del comando itinerante de ETA Henri Parot, no dejan lugar a dudas de que el destinario final del manifiesto es el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo que está a punto de culminar el final de la política de dispersión aplicada durante décadas a los presos de la banda armada hoy extinta; y el que se sostiene, entre otros apoyos, gracias al aval parlamentario de EH Bildu.

El pasado 21 de abril, tras un lustro de investigación y el envío de una comisión a Euskadi, la Eurocámara cifró en 379 los asesinatos por aclarar –el 44% de los 853 cometidos por ETA a lo largo de su historia-; constató la falta de cooperación de los terroristas por arrojar luz que alivie el dolor y la angustia de los damnificados que no saben quiénes mataron a los suyos; y denunció que esta «impunidad consolidada» –así la definen los autores del manifiesto- vulnera el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ante el sufrimiento que se agrava «a cada día que pasa» sin poder saber, el Parlamento de Estrasburgo apremió a las instituciones españolas a hacer todo lo que esté en su mano para «evitar esa impunidad», incide el escrito.

Amparados en el informe de los responsables comunitarios, los autores del manifiesto constatan que si las incógnitas persisten es «única y exclusivamente» porque el medio centenar de exjefes de ETA «que siguen vivos» y «los miembros de la izquierda abertzale que apoyaron sus atentados guardan silencio y se niegan a colaborar» con la justicia; una izquierda abertzale que –denuncian- se guarece en el mutismo «cómplice» y el «cinismo vergonzante» mientras se homologa en el quehacer polítio e institucional. Pero «no basta con dejar de matar para ser demócrata», zanjan las víctimas, que dan por hecho que los crímenes aún impunes no menguarán mientras «los partidos democráticos continúen tratando a Bildu como una formación sin mochila».

Y es aquí donde colocan sobre los hombros del conjunto del arco parlamentario no solo «la obligación moral» de exigir a los exdirigentes etarras y a la coalición comandada por Arnaldo Otegi que cooperen en el esclarecimiento de los crímenes pendientes. También de negarles «cualquier rédito o prebenda» –en alusión velada a los acercamientos de presos a Euskadi- «a cambio de contar con los votos» de la izquierda independentista vasca. Unos votos que los familiares de los asesinados comparan con los diamantes del tráfico ilegal, «manchados de sangre». Por todo ello, concluyen, es preciso tender un «cordón sanitario» que expulse de la escena a EH Bildu como un «interlocutor válido para negociar cualquier asunto relacionado con nuestro Estado de Derecho» en tanto que no contribuya a despejar la autoría de los asesinatos que siguen en la nebulosa por falta de pruebas o indicios insuficientes. Entre los impulsores del documento no figura Covite, la organización más representativa en el País Vasco.