La dimisión de De la Vega al frente del Consejo de Estado abre otro vacío institucional

Fernández de la Vega ha encabezado hoy la reunión semanal habitual del órgano sin que haya comunicado en ese marco su decisión, conocida por los consejeros de manera informal y que las fuentes consultadas atribuyen a motivos personales derivados de la exigencia que comporta un cargo que la aludida compagina con la presidencia de la Fundación Mujeres por África creada hace una década, un compromiso social y solidario al que se siente muy vinculada; razones personales que también están detrás, añaden los mismos medios, del paso al lado protagonizado por Victoria Camps. La presidenta ahora dimitida, de 73 años y con una larga trayectoria profesional a su espalda, fue designada por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018, cuando el líder socialista se hizo con la Moncloa al ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El mandato de quien comanda el Consejo de Estado vence con el del Ejecutivo de turno, por lo que al peso de las circunstancias íntimas podría añadirse en este caso la posibilidad de que a María Teresa Fernández de la Vega le restaran apenas unos meses en su puesto, bien porque Sánchez optara por renovar la cúpula del Consejo si continúa en el poder, bien porque el PP regrese a la Moncloa de la mano de Alberto Núñez Feijóo. La vacante que deja Camps en la sección séptima, la misma en la que estuvo en su día Fernández de la Vega como consejera permanente, permitiría a esta retornar a su antiguo cargo y proseguir así en el órgano asesor pero sin las responsabilidades asociadas a la presidencia. Las fuentes conocedoras de la decisión de la exnúmero dos de Zapatero rechazan que en el trasfondo de la decisión palpiten discrepancias con el Ejecutivo que la nombró. «Hace caso al 90% de las observaciones que le dirige el Consejo», sostienen en el órgano. Pero fue sonada la polémica que llegó al mismo Congreso de los Diputados cuando el PP y Ciudadanos acusaron al Gobierno de ocultar un informe del Consejo sobre la gestión de los fondos europeos. Y el órgano también fue crítico en su dictamen sobre la Ley Trans.

Como máximo órgano consultivo del Gobierno, la función principal del Consejo de Estado es realizar dictámenes sobre las consultas que le formulan los diferentes ministerios, aunque su criterio no es vinculante en la mayoría de los supuestos. El Ejecutivo puede requerir su asesoramiento sobre cualquier asunto más allá de aquellos en los que su evaluación sea obligatoria por ley. Con su nombramiento hace cuatro años, Fernández de la Vega se convirtió en la primera mujer en presidir el Consejo de Estado, cargo en el que sustituyó al exministro del PP José Manuel Romay Beccaría.

La ahora dimitida trabajaba en el órgano desde 2010, cuando Zapatero la designó como integrante de la comisión permanente, el lugar al que previsiblemente regresará si así lo resuelve Sánchez. Entonces, su cometido se centraba en el análisis de asuntos relacionados con los ministerios de Educación, Cultura o Sanidad. Y fue entonces, en 2010 cuando dejó el acta de diputada, dado que era incompatible con su puesto en el Consejo de Estado. Había ocupado un escaño en el Congreso de manera ininterrumpida desde el año 1996. Entre 2004 y 2010 fue la vicepresidenta de los dos gobiernos de Zapatero compaginándolo con la cartera de Presidencia y con la portavocía del Ejecutivo. Con anterioridad, fue secretaria de Estado de Justicia (1994-1996) y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso entre 1998 y 2004; es decir, años en que el PSOE estuvo en la oposición a los Gobiernos presididos por José María Aznar.