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C. V.
Viernes, 21 de abril 2023, 18:56
El lehendakari, Íñigo Urkullu, tensa las cuerdas con el Gobierno central a cuenta de la ley de vivienda, con idéntico argumento que las comunidades autónomas regidas por el Partido Popular. «El Tribunal Constitucional declara que el Estado carece de título competencial en vivienda y esta ... ley vulnera las competencias autonómicas, es decir, nuestro autogobierno», advirtió ayer Urkullu. Aunque concedió que esperará a la aprobación de la norma para valorar su contenido, los pasos a dar y las medidas a adoptar, teniendo en cuenta tanto la defensa de su autogobierno como el trabajo efectuado en el País Vasco en materia inmobiliaria, ya que, según destacó, es la autonomía que más vivienda social ha construido en las últimas décadas.
De esta manera respondió el presidente de Euskadi en el pleno de control al Gobierno en la Cámara vasca a Elkarrekin Podemos-IU y a EH Bildu. A esta última formación le reprochó que permita que el Estado «entre hasta la cocina del ámbito competencial de Euskadi» ya que, interpretó, la norma pactada por la izquierda abertzale, ERC, Unidas Podemos y el PSOE contempla que el Estado será el encargado de definir las políticas públicas de vivienda.
Esta posición del lehendakari ya la había anticipado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien también se quejó por lo raudo de la tramitación parlamentaria: se prevé que el Congreso la apruebe la próxima semana y que el trámite en el Senado se supere antes de las elecciones del 28-M.
Las autonomías gobernadas por el PP también han mostrado su descontento con la norma. No sólo por el intervencionismo del que la tachan y por los efectos que le atribuyen (reducción de la oferta de alquiler), también por invasión de competencias. La Junta de Andalucía, por ejemplo, no descarta interponer un recurso de inconstitucionalidad. Lo mismo Madrid, no sólo porque considere que el Gobierno central actúa en una materia reservada a los autonómicos, sino también por si hubiera aspectos en la norma que atentaran contra el derecho a la propiedad.
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