El Tribunal de Cuentas supervisará por primera vez los gastos de la Casa del Rey

No es una ley, como se barajó en un principio, ni siquiera un decreto ley porque ni el Ejecutivo ni el principal partido de la oposición ni la Casa del Rey quieren que la discusión se traslade al Congreso y se convierta en un debate sobre monarquía o república. Al ser un real decreto tiene un rango legislativo inferior que evita su convalidación, previo debate y votación, en el Congreso.

El ministro de la Presidencia ha llevado a buen puerto las negociaciones iniciadas hace dos años por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. Los contactos se intensificaron tras el archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo de las tres investigaciones abiertas sobre las presuntas irregularidades fiscales y financieras del rey emérito. Y aunque el Gobierno se esforzó en disociar el decreto ley aprobado ayer de la divulgación del patrimonio de Felipe VI, conocido la víspera, ambos pasos forman parte de la misma operación para revitalizar la imagen de la Corona, deteriorada tras los escándalos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina y, sobre todo, el de las opacas finanzas de Juan Carlos de Borbón.

Félix Bolaños subrayó que el real decreto busca reforzar «la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad» de la Casa Real. En lo que a transparencia se refiere, la Zarzuela tendrá que dar publicidad a sus contrataciones para que haya concurrencia de ofertas. También tiene que aprobar unas nuevas instrucciones de contratación publicarlas en su web. Asimismo detallará en su página el presupuesto y los estados trimestrales de ejecución, los contratos suscritos, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades.

Dentro del capítulo de ejemplaridad, detalló la Moncloa, los altos cargos de la Zarzuela tendrán que presentar una declaración de bienes cuando comiencen su labor y cuando son cesados. Esta es una obligación que tienen todos los altos cargos de la administración que hasta ahora no regía para los equipos directivos de la Zarzuela.

Y seguirá sin afectar al Rey, admitió Bolaños. El decreto no establece que el Rey tenga que hacer públicos sus bienes con una periodicidad determinada. «Será el propio monarca», explicó el ministro, el que decida cuándo informa de su patrimonio, como lo hizo este lunes.

Para la rendición de cuentas, la Casa del Rey tendrá que someter su contabilidad a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Hasta ahora, la única supervisión era la de la Intervención General del Estado que se limitaba a certificar la corrección contable de las cuentas reales.

El ministro de la Presidencia se esforzó en subrayar que estas medidas, la del real decreto y la publicación del patrimonio del jefe del Estado, responden a la voluntad de Felipe VI, expresada en el discurso de apertura de su reinado en junio de 2014, de dotar de transparencia y modernidad a la institución monárquica.

Resaltó que se trata de «un avance» que sitúa a la Zarzuela a un nivel de transparencia y ejemplaridad homologable con el resto de casas reales de Europa.