Serret, condenada por desobediencia por el 1-O

Serret (ERC) fue juzgada hace un mes por desobediencia al Tribunal Constitucional durante su etapa como consejera del Govern que organizó el referéndum ilegal del 1-O de 2017. Serret reclamó su absolución, afirmó ante el juez que cumplió el «mandato democrático» del Parlament y que organizar un referéndum no es delito. Mientras que la Fiscalía dio por probado que desobedeció pues hizo caso omiso a cinco requerimientos del Constitucional. El Ministerio Público pedía un año de inhabilitación, que es la pena que le ha impuesto el TSJC.

«La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado por dicho tribunal, decidiendo, por ello, no llevar a cabo actuación alguna para dejar sin efecto las normas impugnadas, como tampoco no realizar ningún tipo de propuesta de nulidad de las mismas», afirma la sentencia. «La desobediencia expresa por parte de la acusada fue justificada por ella misma por entender que su deber como miembro del ejecutivo era ser leal y dar respuesta y obedecer los mandatos que vienen de las mayorías parlamentarias y los mandatos democráticos», señala el auto judicial.

Serret, según la sentencia, «desatendió de forma consciente el requerimiento del Constitucional», al firmar el decreto de convocatoria del referéndum, junto al resto de miembros del Govern, a pesar de que el tribunal suspendió su aplicación y declaró la inconstitucionalidad y nulidad y había advertido a los integrantes del Gobierno catalán de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar la nulidad de las resoluciones o actos normativos impugnados». Y fueron apercibidos de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

«Su responsabilidad está ligada a la desatención a los requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional cuando, la acusada, en su calidad de miembro del Govern de Cataluña, era apercibida, una y otra vez, para que se abstuviera de ejecutar actos de apoyo o materialización de resoluciones y acuerdos parlamentarios que previamente habían sido suspendidos en su eficacia por el propio Tribunal Constitucional», afirma la sentencia.

Serret se entregó hace dos años al Supremo, que derivó su caso al TSJC. En un principio, huyó a Bruselas junto a Puigdemont, pero cambió su estrategia jurídica. Igual que Anna Gabriel. Compareció ante el Supremo y al final ha sido condenada solo por desobediencia, el mismo delito por el que está procesada Clara Ponsatí, huida en Waterloo. Eso sí, Ponsatí se niega a entregarse a la justicia.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado la condena de la dirigente de su partido de «ataque» contra el derecho de voto, manifestación y reunión de los catalanes. «Hacer un referéndum no es un delito. Defender la independencia no es un delito y, por tanto, cualquier condena es profundamente injusta porque es una condena contra todos los derechos de los ciudadanos de Cataluña», ha asegurado desde la sede del partido.