Puigdemont recurre a la Justicia europea para recuperar su inmunidad como eurodiputado

El expresidente catalán ya informó el pasado 5 de julio que recurriría la decisión del TGUE, que ese mismo día confirmó la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. En una sentencia demoledora, el alto tribunal con sede en Luxemburgo desestimó uno a uno los motivos formulados por los tres políticos independentistas, que aseguraron que la Eurocámara no motivó de forma «suficiente y adecuada» su decisión de retirarles la inmunidad y acusaban a la institución de no haber preservado la «imparcialidad» en ese proceso. La Eurocámara también motivó su decisión en que los hechos que se les imputaban a los tres eurodiputados se produjeron en 2017 y fueron procesados por ellos un año después, todo antes de que los diputados adquirieran su condición de miembros de la Eurocámara y «en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética».

«Esto no acaba, al contrario. Presentaremos un recurso al TJUE y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos», aseguró Puigdemont, tras conocerse esta sentencia. Su abogado, Gonzalo Boye, defendió que el dictamen del TGUE tiene «puntos muy débiles y flojos».

Tras la reforma del Código Penal, la Justicia española reclama al expresidente catalán y a Comín por un delito de malversación agravada, castigado con penas de hasta ocho años de cárcel. Pero la derogación de la sedición y la modificación del delito de malversación han hecho que a Ponsatí únicamente se le quede pendiente un delito de desobedencia, que no está penado con cárcel. Por el momento, el Supremo se mantiene a la espera de la decisión final del TJUE para reactivar las órdenes de detención y entrega del expresidente catalán para que responda ante la Justicia española por su participación en el referéndum ilegal del 1-O.

Cabe recordar que, aunque el fallo del TGUE también se refería a Ponsatí, su caso dista de los de sus dos compañeros en el Parlamento Europeo a causa de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación.

Tras este cambio, Puigdemont y Comín quedaron procesados por desobediencia y malversación, pero Ponsatí se quedó únicamente con desobediencia, un delito que no está castigado con pena de cárcel --solo inhabilitación y multa--, lo que impide que se pueda dictar una euroorden en su contra.

Otra situación 'sui generis' es la de Puig. Respecto a él, Llarena estaba pendiente de dos cosas: la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial --resuelta desde el 31 de enero-- y que los nuevos autos de procesamiento, tras la reforma penal, fueran firmes --algo que ocurrió el 13 de junio--. Para su caso, el fallo del TGUE era indiferente porque no es eurodiputado y, en consecuencia, no podía alegar inmunidad alguna.

Los fiscales del 'procés' solicitaron la semana pasada a Llarena que reactivara la euroorden contra Puig, algo sobre lo que el magistrado no ha resuelto aún. En cualquier caso, contra todos ellos --Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí-- ya había vigentes órdenes nacionales de busca y captura.