Los presidentes autonómicos preparan la pugna electoral de mayo

Más allá de los buenos deseos, las menciones a la invasión rusa de Ucrania o a la situación económica, coincidentes en todas las intervenciones, el poso de la reciente supresión de los delitos de malversación y sedición y la intervención del Tribunal Constitucional para frenar en el Senado la renovación del propio órgano de garantías desató –entre líneas– interpretaciones dispares entre los dirigentes autonómicos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, utilizó la cuestión como un ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La baronesa del PP se juega reeditar la presidencia madrileña y el sábado parafraseó a Felipe VI en su discurso de Nochebuena al afirmar que «un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza». Seguidamente fue más allá y señaló que «a lo largo de estos más de cuarenta años nos hemos dado un modelo de libertad basado en los contrapesos, en la disparidad de criterios, en la pluralidad, en el disenso y consenso, en la discusión y el pacto. Cada uno desde su punto de vista, pero siempre con objetivos comunes: cumplir las reglas hechas entre todos y buscar lo mejor para España». De ese modo, culpó a «los enemigos confesos de España» de «decidir sobre la integridad territorial del país».

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco defendió la Carta Magna como «un legado que hoy más que nunca debemos preservar y defender como garantía de nuestra convivencia en democracia». Una idea compartida por su compañero de partido, el murciano Fernando López Miras, quién aseguró que sus conciudadanos «quieren unas instituciones democráticas fuertes que garanticen el Estado de derecho y, como recientemente afirmó el Rey, nos mostramos preocupados por aquellos comportamientos que erosionan nuestro modelo constitucional de convivencia». Por su parte, el sucesor de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, apeló al Gobierno a que incremente las inversiones estatales en Galicia:«Solo falta que el Gobierno central, que tiene las llaves del reparto, las abra».

Los barones socialistas, por contra, hicieron esta lectura de modo interno, mirando de reojo las posibles consecuencias en los comicios de mayo de los recientes movimientos gubernamentales. El presidente de Aragón, Javier Lambán, que se ha mostrado en más de una ocasión muy crítico con Sánchez, evidenció su «preocupación» por el «frentismo» y la «erosión» de las instituciones y apeló a la autocrítica ante «la falta de entendimiento de los partidos moderados», porque tiene como resultado, afirmó, que la gobernabilidad del país dependa cada vez más «de extremistas, radicales e independentistas que no aspiran más que a romper España y acabar con la Constitución». En la misma línea, el líder castellano manchego, Emiliano García-Page, defendió «la estabilidad política» que, a su juicio, reina en su comunidad en contraposición de «lo que se está viviendo en otros sitios». Los jefes del ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara; de Baleares, Francina Armengol; de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; y de Navarra, María Chitivte, mantuvieron en cambio un discurso centrado en la situación económica de sus respectivas regiones. Mientras que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, aseguró que, pese a ser año de elecciones, su Gobierno no va a emplear«artificios electorales».

El lehendakari, Iñigo Urkullu, insistió en el «empeño permanente» de su Gobierno por «tejer acuerdos» para lograr «un presente y un futuro mejor» al tiempo que reconoció que «no siempre» se «acierta». Mientras que el president de la Generalitat, Pere Aragonés, que pronunció su discurso de Fin de Año el 26 de diciembre, insistió en fijar 2023 como el año «para sentar las bases de un referéndum» de independencia.