Las dos versiones de Mónica Oltra sobre el caso de los abusos de su exmarido

El resumen resulta sencillo. Todo esto se ha montado por las acusaciones para sacar un rédito político, el juez basa su informe en «elucubraciones» y «conjeturas» y no aporta ni un solo indicio de por qué hay que imputar a Oltra. Además, añade que ningún subordinado la ha señalado y que ella no dio la orden de apertura del expediente. Esto último es todo lo contrario a lo que le dijo a la prensa. Un nuevo cambio del guión de Oltra.

La líder de Compromís defiende su inocencia y rechaza todas las imputaciones del juez. «La investigación tiene un marcado cariz prospectivo y con finalidad notoriamente espuria». Su defensa sostiene que las pesquisas no han aportado nuevos indicios más allá de los que se apuntaron inicialmente por las acusaciones a quienes reprocha su sesgo ideológico.

«No hay indicios objetivos que justifiquen la llamada para ser oída como investigada», sostienen en el escrito ante el TSJ. En este sentido, la instrucción del juzgado parece haber resultado inútil. No hay ningún hecho -añaden- de que «ordenase realizar una investigación y que además se hiciese para encubrir o perjudicar a la menor». Y todo pese a que Oltra reconoció públicamente que es ella quien da la instrucción.

La representación legal destaca las debilidades de la exposición motivada del juez, como que, en realidad, no se concreta su papel en toda la trama. Este es quizá el argumento de mayor peso de todo el escrito. «No se individualiza de forma precisa la acción concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito». No dudan tampoco en atacar al juez instructor: «Desconocemos si nos encontramos ante un reproche personal, político o de otro tipo».

Los letrados señalan que en la primera parte de los hechos analizados, la investigación en el centro y en la conselleria sobre la denuncia de la menor, no existe participación de Oltra. La única referencia es la de que el denunciado es marido de la consellera. El razonamiento del juez en estos extremos no sobrepasa el de las meras «elucubraciones». En este sentido, aprovechan incluso para reprochar sus «conjeturas» sobre supuestas consecuencias políticas de este asunto.

Uno de los extremos más novedosos de las alegaciones es otro sorprendente giro de guión, uno más, en la versión de la vicepresidenta. Ella misma admitió en declaraciones a los medios de comunicación que ordenó la apertura del expediente, que se terminó convirtiendo en un dosier para desacreditar a la víctima. El resultado de este dosier nunca fue aportado a la instrucción judicial. De hecho, se conoció dos años más tarde, tras la sentencia condenatoria.

Ahora sus letrados alteran la versión de su representada. Es lógico porque de esta forma la apartan del núcleo de la decisión, es decir, de la prevaricación que se investiga. «La conclusión a la que llega el instructor no solo es errónea y especulativa sino que además contradice el resultado de la instrucción practicada». Las dos responsables, Rosa Molero y Gema Plaza, dijeron que no había recibido órdenes de Oltra pese a que este lo había reconocido públicamente. De hecho, el juez, consciente de la importancia de esas declaraciones de la vicepresidenta, incorporó las noticias de prensa y la grabación del audio a la causa judicial.

Posteriormente, Oltra, en rueda de prensa rectificó. Dio la orden pero no a esas subordinadas. No aclaró a quién. Este cambio de versión se produjo tras la comparecencia de sus subordinadas en el juzgado. Ahora, al parecer, ya ni eso. «No es cierto que Oltra ordenara o tuviera que ver con la decisión de aperturar el citado expediente y tampoco tuvo nada que ver, ni intervino, ni en su tramitación, ni en la elaboración de sus conclusiones».

El equipo de Oltra parece restar importancia a las declaraciones a la prensa que fueron recogidas por todos los medios de comunicación donde admitía ser el origen de aquella orden. Aquellas manifestaciones fueron hechas en «un contexto político y claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que una instrumentalización penal». Es decir, que no parecen que fueran ciertas. O no lo son las de ahora. Oltra puede mentir para tratar de defenderse. Está en su derecho.

De igual modo, subraya que ese expediente abierto -en realidad se denominó información reservada- forma parte de la actuación administrativa habitual. Y, además, añade que ningún funcionario ha declarado que el objetivo fuera desacreditar a la víctima, algo lógico por otra parte, porque supondría el reconocimiento de la comisión de un delito.