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Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid

El Tribunal de Cuentas sancionó con 340.000 euros a los partidos en 2021

El organismo ha aprobado la fiscalización de las últimas elecciones generales y municipales, a partir de lo que recomienda al Gobierno que evalúe la eficiencia del envío de propaganda electoral a las casas y que regule la financiación de los partidos con microcréditos

Miércoles, 14 de septiembre 2022, 16:17

El Tribunal de Cuentas resolvió 16 procedimientos sancionadores sobre partidos políticos durante el año 2021, según el informe anual que ha publicado la institución este miércoles. De estos procedimientos, cinco se saldaron sin sanción y once de ellos, con sanción. El importe de las multas ... a las formaciones políticas impuestas durante el año pasado por parte del Tribunal de Cuentas asciende a los 340.556 euros.

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De acuerdo con La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, el Tribunal de Cuentas tiene la competencia de acordar la imposición de sanciones a los partidos políticos, así como a federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que cometan infracciones que no constituyan delitos.

El artículo 17 de dicha Ley establece una clasificación con infracciones muy graves. Por ejemplo, la aceptación de donaciones o aportaciones o la asunción de los gastos del partido por parte de terceras personas por cantidades que contravengan las limitaciones; la superación en un 10% o más de los límites de gastos electorales previstos en la ley; o el incumplimiento durante dos ejercicios consecutivos o tres alternos de la obligación de presentar las cuentas anuales en el plazo que marca la legislación.

También hay infracciones graves, como la realización de actividades de carácter mercantil; la superación en más de un 3% y en menos de un 10% los gastos electorales previstos en la Ley; y el incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales o la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador durante un ejercicio; y la falta de un sistema de auditoría o control interno en el seno de la formación política.

Además hay infracciones leves: las faltas al deber de colaboración y la superación entre un 1% y un 3% los límites de gastos electorales.

La normativa establece que todos los partidos políticos deberán remitir sus cuentas anuales consolidadas con el detalle de sus ingresos y gastos antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran los números. Según el informe del Tribunal de Cuentas, durante el año 2021 se rindieron las cuentas de 2020 de 394 formaciones políticas, fundaciones y entidades vinculadas. De ellas, 320 lo hicieron en plazo.

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El Tribunal de Cuentas también refiere en su informe anual la aprobación en su pleno de la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del 26 de mayo de 2019. Según recoge el documento, había 1.664 formaciones obligadas a presentar la contabilidad electoral, de las que sólo 478 lo han hecho. El total de recursos fiscalizados roza los 45,8 millones de euros; el total de gastos por actividades electorales alcanza los 27,4 millones de euros; y el destinado a envíos de propaganda electoral alcanza los 21,64 millones.

A este respecto, también se incluyen recomendaciones al Gobierno, entre las que destacan la adopción de medidas para paliar la falta de correspondencia entre el límite máximo de gastos y el importe de las subvenciones electorales a percibir; así como la evaluación de la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral.

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También este año se han fiscalizado las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019. En este caso, las 22 formaciones obligadas a presentar la contabilidad electoral han cumplido con su deber. Las recomendaciones sobre este particular emitidas al Gobierno por parte del Tribunal de Cuentas pasan también por la evaluación de la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de los sobres y papeletas o de propaganda electoral, así como la regulación de las nuevas fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos.

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