Sánchez y Feijóo se distancian en el pacto anticrisis pero se acercan en el Poder Judicial

El líder popular está decidido a marcar distancias con su precedesor Pablo Casado y abandonó la Moncloa con «el contador a cero» y dispuesto a abrir una vía de diálogo «constante y permanente» con el Gobierno. Aunque el primer encuentro con Sánchez no cumpliese sus expectativas. Feijóo llegó a la cita con un programa de reformas económicas bajo el brazo pero no logró persuadir al presidente. «No tengo ninguna buena noticia para los trabajadores, las familias ni las rentas medias y bajas, que son quienes peor lo están pasando», lamentó tras la reunión «cordial», según ambos, de tres horas.

La principal propuesta del líder conservador fue dedicar el 7% de los fondos europeos -en torno a 4.900 millones- para sufragar rebajas fiscales para los ciudadanos. Una iniciativa que, según Feijóo, el Gobierno sí estaría dispuesto a estudiar pese a mostrar dudas sobre su viabilidad. Planteó también la creación de una comisión parlamentaria específica para «dar seguridad» y «transparencia» a la ejecución de las ayudas comunitarias, así como la activación de un plan de racionalización del gasto burocrático y público.

La otra medida estrella que Feijóo puso encima de la mesa fue una bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con carácter retroactivo desde enero para que los ciudadanos puedan hacer frente a la inflación desbocada. La reducción sería solo para «lo que dure la crisis» y con especial intensidad, detalló, en rentas bajas y medidas.

Pero, Sánchez defiende el plan de recuperación y no tiene intención de modificar el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de marzo. «Pretende convalidarlo sin más», señaló Feijóo. Los conservadores creen que el decreto tiene «aspectos interesantes, pero es absolutamente insuficiente», lo que invita a pensar que se abstendrán en su convalidación en el Congreso.

El Ejecutivo lamenta que el principal partido de la oposición condicione su apoyo al plan de choque para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania a que haya una bajada de impuestos. «Es una imposición si se dice 'si no acepta mi propuesta, lo rechazo' todo», señaló la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, tras el encuentro.

El presidente del Gobierno presentó a Feijóo hasta once puntos de acuerdo, pero entre ellos no había una sola referencia a la rebaja fiscal a la que el líder conservador ha fiado toda posibilidad de entendimiento. Una batería de propuestas en las que Sánchez priorizó la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para que estén listas antes del 12 de junio, cuando deben renovarse cuatro de los magistrados de la corte de garantías. Un asunto que para el líder del PP es secundario ahora ante las urgencias de la agenda económica pero que está abierto a desbloquear «rápido». «Nos hemos comprometido a retomar las negociaciones a partir de hoy mismo», dijo.

Feijóo no fijará líneas rojas en la negociación, como sí hizo Casado, que llegó hasta en dos ocasiones a echarse para atrás en el último minuto cuando el acuerdo estaba a punto de cerrarse. Aunque el líder del PP sí subrayó la importancia de reformar el método de elección de los jueces y que los magistrados sean perfiles «acreditados y respetados».

En el encuentro, se abordó también la modificación del llamado voto rogado en el exterior antes del 20 de abril y la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el término «disminuidos». En ambos punto hay consenso y el presidente del PP reconoció que las conversaciones se encuentran «muy avanzadas».

En materia exterior, Feijóo comprometió el apoyo cerrado del PP en la respuesta a la invasión de Ucrania pero recriminó a Sánchez la actuación «inadmisible» del Ejecutivo sobre el giro en la postura sobre el Sáhara. En su opinión, Marruecos ha recuperado «algo que llevaba solicitando hace siglos» mientras que España «no ha logrado nada».

Aunque Sánchez no pidió que el PP rompa sus acuerdos con Vox, le recordó que la aprobación de leyes de violencia intrafamiliar «es incompatible con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género», un punto del acuerdo de Gobierno suscrito con la formación de Santiago Abascal en Castilla y León.