El PSOE retira por falta de apoyos la reforma para ascender a Delgado

De hecho, según fuentes parlamentarias, la práctica totalidad de los grupos del Congreso, incluidos Unidas Podemos y los socios de investidura, habían comunicado al PSOE su rechazo frontal a blindar a Delgado. A pesar de la decisión de retirar la reforma, en el Grupo Socialista siguen insistiendo que la idea no era ascender a Delgado, sino garantizar una posición relevante a cualquiera que abandone el puesto de Fiscal General.

Esta reforma ahora ya descartada provocó una tremenda polvareda a finales del pasado marzo cuando se conoció que el PSOE había introducido a última hora una enmienda en la Ley Concursal, una norma totalmente ajena al régimen interno del Ministerio Público, para tratar de reformar la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a fin de garantizar que Dolores Delgado tenga un ascenso a fiscal de sala del Tribunal Supremo, uno de los más deseados puestos en la carrera, una vez cese como fiscal general de Estado.

El texto presentado por los socialistas defendía que Delgado se saltara el escalafón hasta lo más alto de la carrera por el simple hecho de haber ejercido como fiscal general del Estado, puesto para el que fue propuesta por Pedro Sánchez con el rechazo mayoritario de la carrera.

El Partido Socialista pretendía premiar a la también exministra de Justicia de Pedro Sánchez usando una vieja treta legislativa, que es incluir este cambio del estatuto fiscal como una suerte de apéndice dentro de la reforma de una norma como la Ley Concursal de 2003, que regula procedimientos como los embargos, ejecuciones de pagos pendientes a los deudores o la liquidación forzada.

Este tipo de ardid, que ya ha sido usado en otras ocasiones en el Parlamento, se utiliza habitualmente para esconder el cambio que se pretende «colar», que queda así eclipsado por una reforma mucho más amplia. Ya ocurrió cuando el PP en 2015 introdujo las «expulsiones en caliente» en las vallas dentro de la reforma de la ley mordaza.

La enmienda ahora retirada, que tocaba varios aspectos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tenía un punto 6 que rezaba así: «Si el nombramiento del Fiscal General recayese sobre un miembro de la carrera fiscal, quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese».

La ministra de Justicia, Pilar Llop, negó por entonces que el Gobierno hubiera confeccionado un «traje a medida» para Delgado. Arguyó que la enmienda que la elevaría a la categoría de fiscal de Sala es una de las recomendaciones sugeridas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco). Según la tesis de la ministra, lo que se garantiza es una «salida con dignidad» a cualquiera que vaya a ocupar la Fiscalía General del Estado para que no «actúe con presiones» ante la perspectiva de volver a su antiguo puesto.

Hasta el 7 de junio de 2018, cuando fue nombrada titular de Justicia por Sánchez, Delgado era fiscal en la Audiencia Nacional. Y sería a ese puesto al que debería de retornar una vez acabado su paso por la Fiscalía General del Estado de no prosperar la enmienda del PSOE.

El ascenso con el que el Partido Socialista pretendía recompensar a la mujer que dirigió el Ministerio de Justicia bajo el mandato de Sánchez durante un año y medio no era solo una mejora sustancial escalafón profesional. También -y sobre todo- hubiera comportado un aumento de sueldo muy importante, según apuntan fuentes fiscales.

La antecesora de Delgado, María José Segarra, quedó adscrita a la Fiscalía de Sevilla cuando en enero de 2020 cesó como fiscal general. Posteriormente sí adquirió la categoría de fiscal de Sala cuando meses más tarde fue nombrada coordinadora de discapacidad y atención a los mayores.