La última baza de los prófugos del 'procés'

Cinco de los siete líderes soberanistas que se fugaron nada más declarar unilateralmente la independencia en 2017 siguen huidos de la justicia española en Bélgica y Suiza. Solo la exconsejera Meritxell Serret y la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, emprendieron el camino de vuelta.

Aunque el juez instructor del 'procès' decidió retirar las órdenes internacionales de detención dictadas contra Carles Puigdemont, los exconsejeros Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, éstas podrían reactivarse ante el último giro de la justicia europea. El abogado general del Tribnal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció hace tres semanas a favor de Pablo Llarena, respecto a la posibilidad de reclamar a Bélgica al expresidente catalán.

El que fuese máximo responsable, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras, de activar la «vía unilateral» que desembocó en la declaración de independencia huyó de España el 30 de octubre de 2017, dos días después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicase el artículo 155 y tomase el control de la Generalitat. Lo hizo de noche, camuflado en un coche con la ayuda de un reducido grupo de Mossos.

Cuatro días después, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó una orden de detención internacional contra Carles Puigdemont por permanecer en Bruselas y desoír la citación judicial para declarar como imputado por rebelión, sedición y malversación de fondos tras la querella de la Fiscalía del Estado. Más tarde, el Tribunal Supremo retiró la euroorden que pesaba sobre él y el resto de los exconsellers huidos.

Las últimas noticias provenientes de la justicia europea han supuesto un varapalo para el expresidente. Hace un mes, el Tribunal General de la UE rechazó por «inadmisible» el recurso que había presentado, junto a Comin, contra la decisión del expresidente del Parlamento Europeo de despojarle del escaño que había conseguido tras las elecciones europeas de 2019.

Unos días después recibía la noticia que puede marcar un antes y un después en la estrategia del resto de dirigentes fugados: el abogado general del TJUE, Jean Richard de la Tour, se pronunció en favor del juez Pablo Llarena ante la negativa de Bélgica de hacer efectivas las euroordenes. Se trata de un informe no vinculante, pero en la mayor parte de ocasiones la Corte europea sigue os criterios marcados por este cargo. Si así sucede, el Tribunal Supremo podría reactivar las euroordenes contra todos ellos.

Para la secretaria general de Esquerra nunca se llegó a dictar una orden de detención internacional, pero la orden de detención en suelo español sigue vigente por lo que su llegada al país podría suponer su arresto e ingreso en prisión preventiva. De nada le serviría el clima de distensión política entre el Gobierno y la Generalitat.

El juez Llarena la dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros en febrero de 2018 tras tomarle declaración. Un mes después, Rovira rompió esa medida cautelar y viajó hasta Suiza. Fue procesada por rebelión. Su huida perjudicó a los líderes independentistas que sí acudieron al tribunal y que, a partir de ese momento, no volvieron a quedar en libertad.

La exconsejera huyó primero a Bélgica y después a Escocia para incorporarse como profesora en la Universidad de Saint Andrews, donde fue detenida en un primer momento. Se le imputan los delitos de rebelión y malversación por facilitar el uso de los colegios para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La Corte de Justicia de Edimburgo puso punto final el año pasado al procedimiento de extradición de la exconsejera después de que los jueces escoceses hubiesen denegado su entrega en repetidas ocasiones desde su primera comparecencia en marzo de 2018. Además, Clara Ponsatí estaba en libertad sin condiciones y en poder de su pasaporte español desde noviembre de 2019, razón por la que pudo tomar posesión de su escaño como europarlamentaria en febrero de 2020. Sigue manteniendo su escaño a pesar de no haber cumplido con el requisito que establece la Junta Electal Central para ello: jurar la Constitución.

Abandonó España tras ser imputado por malversación y desobediencia para establecerse en Bélgica donde ha acompañado en todo este tiempo al expresidente catalán. No goza de la inmunidad provisional que el TJUE reconoció en mayo a Puigdemont y el resto de exconsellers por lo que Lluís Puig corre el peligro ahora de convertirse en el primer objetivo del Supremo en su batalla contra los soberanistas fugados.

El exconsejero de Salud del Govern se marchó a Bruselas junto a Puigdemont, y su situación actual guarda muchas similitudes con la del expresident. Antonio Comín llegó a recurrir ante el Constitucional su auto de procesamiento por el referéndum del 1-O, pero el tribunal de garantías los rechazó por unanimidad.

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