Pegasus arruina el 'renacimiento' del CNI

Pero esa ceremonia de 'renacimiento' ni siquiera se ha llegado a celebrar. Los últimos días de abril, el CNI decidió suspender todos los fastos. Un 'caballo alado' desbocado había frustrado el enésimo intento de un gobierno de lavar la imagen de los servicios secretos que llevan cabalgando la polémica 27 años: desde las 'escuchas del Cesid' a Pegasus ahora.

El escándalo de las 'escuchas del Cesid' –Centro Superior de Información de la Defensa, predecesor inmediato del CNI–, se desató en 1995 al destaparse que los espías bajo el mandato de Felipe González llevaban casi una década vigilando y grabando a políticos, empresarios y periodistas sin autorización judicial, empezando por el propio jefe del Estado. Aquel lío monumental le costó la cabeza al entonces vicepresidente, Narcís Serra; al director del espionaje nacional, Emilio Manglano; y al responsable de los comandos operativos del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote.

José María Aznar contó con el apoyo de los socialistas para tratar de borrar la imagen de aquellos días con la refundación en mayo 2002, hace ahora precisamente dos décadas, de los servicios secretos bajo la denominación del CNI. Y con la aprobación, además, de un nuevo marco normativo dirigido supuestamente a evitar nuevos desmanes y devolver a la discreción a los espías.

Pero el intento de sacar del plano al servicio secreto duró poco tiempo. En marzo de 2004, la masacre de los trenes en Madrid y la posterior comisión de investigación parlamentaria obligó al CNI, señalado por algunos de haber menospreciado la amenaza yihadista a pesar de la guerra de Irak, a practicar el mayor estriptis de su historia al tener que hacer públicos innumerables documentos reservados. 'La Casa', que sí que había avisado de forma reiterada del riesgo de acciones terroristas en venganza por la participación de España en la operación para derrocar al régimen de Sadam Hussein, había perdido en 2003 en dos atentados diferentes en suelo iraquí a ocho agentes mientras recopilaban información.

El CNI volvió a las portadas en 2009. En julio de ese año, Alberto Saiz, hombre de confianza del ministro José Bono y que había dirigido los servicios secretos desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, abandonó sin honores el CNI acusado de haber utilizado fondos públicos para hacer obras en su vivienda o realizar viajes de caza a Senegal y Mali. Él siempre lo negó. Y no fue condenado. Pero el día que abandonó la dirección del CNI nadie le aplaudió. Fue un silencio incómodo que hoy todavía resuena como el único conato de escándalo económico en un centro que maneja millones de forma opaca.

De las cuentas hay que pasar a la polémica mundial por las filtraciones del Edward Snowden, que pusieron en aprietos de nuevo al Centro Nacional de Inteligencia en 2013. Los papeles robados por el exespía revelaron que 'La Casa' había colaborado activamente con la NSA –la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense– para interceptar en España millones de metadatos de registros de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos.

Otra filtración, esta vez de WikiLeaks en 2015, volvió a desnudar procedimientos internos del CNI al revelar que el espionaje español había recurrido a un grupo de piratas informáticos milaneses, Hacking Team, para intervenir comunicaciones. Precisamente, fue la filtración de WikiLeaks la que obligó a 'La Casa' a principios de 2016 a recurrir apresuradamente a la adquisición de Pegasus para seguir pinchando teléfonos.

El segundo gran atentado yihadista en España –con escenario en las Ramblas, Cambrils y Alcanar en 2017– sacó de nuevo del anonimato los trabajos del CNI. El espionaje reconoció públicamente sus contactos con Aldelbaki Es Satty, el imán de Ripoll que dirigía la célula que atentó y que fue fichado como confidente durante su condena en la cárcel de Castellón, en la que estuvo preso desde 2010 a 2014 por un delito de drogas. El CNI tuvo que ofrecer todo tipo de explicaciones para intentar desmontar la teoría de la conspiración aireada por sectores independentistas sobre que los servicios secretos habían permitido, cuando no alentando, los atentados para parar el 'procés'.

La intentona secesionista de otoño de 2017 sirvió para señalar de nuevo al CNI, al que muchos responsabilizaron de no haber sido capaz de localizar las urnas del 1-O. Ese segundo semestre de 2017 fue aciago. En noviembre fue encarcelado el comisario José Villarejo. De inmediato, el exmando policial culpó a su archienemigo, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán. El comisario encendió el ventilador y la imagen de los servicios secretos cayó a mínimos a cuenta de sus maniobras para tapar el romance de Juan Carlos I y Corinna Larsen.

El espionaje español había tocado suelo, pero Paz Esteban y los suyos estaban convencidos de que la remontada iba a comenzar el viernes. No pudo ser. En la sede de la carretera de La Coruña no hubo confeti, solo caras largas por las insinuaciones del Gobierno de que el CNI operó de forma descontrolada en el espionaje a Pere Aragonès.