El juez pide al CNI el volcado de los móviles de Sánchez y los ministros

En un auto dictado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro acuerda librar un requerimiento a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para el cumplimiento de la medida.

El magistrado explica que junto con la denuncia de la Abogacía del Estado y su posterior ampliación se acompañaron cuatro informes del Centro Criptológico Nacional (CCN-Cert), adscrito al CNI, relativos al análisis de los dispositivos móviles del presidente Sánchez y de los tres ministros. En estos documentos se especifican las tareas realizadas por los técnicos cuando dispusieron de los teléfonos de los afectados: una copia de seguridad de los dispositivos, el volcado físico del disco interno y todos los informes sobre la información que haya podido ser extraído de ellos.

Según la investigación, del terminal de Sánchez se extrajeron 2,6 gigas de memoria, del teléfono de Grande-Marlaska 6,3 gigas, del móvil de Robles nueve megas y en el caso de Planas se considera que sufrió un ataque fallido y que no hubo a priori sustracción de datos.

Para tomar la decisión de quedarse con todo el contenido de los informes del CCN, incluso con los datos personales de los miembros del Gobierno, el juez Calama explica que es necesario para la investigación del delito de revelación o descubrimiento de secretos. En el caso de Robles, además, con la gravedad de que se trata de información que afecta a la seguridad nacional, según reveló un auto de la causa conocido este martes.

El instructor acuerda esta diligencia de conformidad con el artículo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala: «los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, y sin perjuicio de su restitución tan pronto resulte posible. Los efectos serán también restituidos inmediatamente cuando deban ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, pero su conservación pueda garantizarse imponiendo al propietario el deber de mantenerlos a disposición del Juez o Tribunal».

Se da la circunstancia de que el juez ha aceptado la personación en el procedimiento de una acusación popular, el colectivo de juristas europeos Pro Lege, quien está buscando los 10.000 euros de fianza impuestos por Calama para acceder al procedimiento y, por lo tanto, conocer estos informes del CNI que ya no están declarados secretos.

En su página web, el colectivo de abogados -personado también en el 'caso Neurona' contra Podemos o el 'caso Dina' que afecta a Pablo Iglesias- ha difundido un número de cuenta para conseguir aportaciones particulares que les permita cubrir la citada cuantía. Su lema es «colabora con nosotros a saber la verdad».